La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, ex secretario general y ex coordinador general jurídico del Infonavit, por delincuencia organizada y por estar implicados en la trama de Telra Realty y el pago millonario por la terminación anticipada de un contrato sobre Movilidad Hipotecaria.
La captura del equipo jurídico del entonces ex director del Infonavit, David Penchyna, se realizó el 6 de enero en la Ciudad de México y el domingo pasado un juez de control los vinculó a proceso en una audiencia donde les ratificó la prisión preventiva de oficio.
Cedillo y Cerda firmaron en 2017 un convenio que obligó al Infonavit a pagar 5 mil 88 millones de pesos a Telra, como indemnización por daños y perjuicios por la cancelación de un contrato que no tenía viabilidad jurídica y financiera, además de que la empresa, contratada sin licitación, no tenía el capital, experiencia profesional ni infraestructura para ejecutarlo.
Por ese mismo caso, la FGR busca aprehender a los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil, por delincuencia organizada y lavado de 5 mil 88 millones de pesos. Autoridades federales realizaron el sábado un operativo de vigilancia en un condominio de Acapulco en busca de los Zaga, pero no tuvieron éxito.
Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó sus capturas y la de Elías Zaga Hanono –hijo de Rafael Zaga–, este último por delincuencia organizada con la finalidad de operar recursos de procedencia ilícita. Los tres se encuentran actualmente prófugos de la justicia.
La orden de aprehensión está relacionada con el convenio suscrito el 9 de junio de 2014 entre el Infonavit y Telra Realty, propiedad de los Zaga, para desarrollar el programa de Movilidad Hipotecaria, que incluía proyectos de mejora de viviendas y comercialización de las mismas a través de fideicomisos.
El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración del Infonavit, ya con David Penchyna al frente del Instituto, dio por terminados los contratos y convenios con Telra, al estimar que jurídica y financieramente era inviable su ejecución en la forma y términos pactados.
La terminación anticipada del contrato derivó en un convenio de transacción suscrito el 22 de agosto del mismo año por Cedillo y Cerda, que obligó al Infonavit a pagar 5 mil 88 millones de pesos a Telra, como indemnización por daños y perjuicios.
En su imputación, la FGR sostiene que el origen del dinero pagado a Telra es ilícito porque dicha empresa, contratada sin licitación, no contaba con el capital, experiencia profesional ni infraestructura; y «sorpresivamente» los funcionarios del Infonavit simularon un proceso de mediación.
Señala que en dicho proceso, algunos expertos recomendaron al Instituto acudir a la vía judicial para resolver esa controversia, pero no se atendió esa postura y se decidió pagar los supuestos daños y perjuicios.
La orden de aprehensión fue librada el 25 de diciembre pasado, luego de que durante casi todo el 2020 la FGR intentara infructuosamente que los hermanos Zaga fueran procesados por defraudación fiscal, delitos por los que un juez negó las órdenes de aprehensión o rechazó vincularlos a un procedimiento penal.
Consultada por REFORMA con relación al mandamiento de captura, la defensa de los Zaga respondió que por ahora no tenía ningún comentario.
En mayo pasado, los Zaga señalaron que la FGR también investigaba inicialmente a los hermanos Max y André El-Mann Arazi, pero estos acordaron un criterio de oportunidad para obtener la inmunidad penal, a cambio de reparar el daño por 2 mil millones de pesos.
