Cuando los funcionarios estadounidenses acordaron devolver a México a un ex secretario de Defensa a quien habían acusado de estar en la nómina de un cartel de la droga, lo hicieron con la esperanza de salvar la cooperación de seguridad entre los dos países.
Pero el viernes esa relación quedó en ruinas luego de que México exoneró al otrora funcionario, el general Salvador Cienfuegos, sin un juicio.
Además, acusó a los mandos de Estados Unidos, sin pruebas sólidas, de haber tratado de difamarlo.
Los funcionarios estadounidenses, enojados, vieron este gesto como una abrumadora violación de confianza por parte de los mexicanos, de quienes esperaban que investigaran a fondo a Cienfuegos.
Los estadounidenses dijeron que les habían enviado abundantes pruebas que vinculaban al general con el cartel del «H-2» cuando fue devuelto a México, en noviembre.
Dentro de México, los críticos del Presidente Andrés Manuel López Obrador lo acusaron de ceder ante Ejército de su nación por conveniencia política.
AMLO ha ampliado cada vez más el papel de las fuerzas de seguridad en la gobernanza y ha dependido en gran medida de ellas para combatir la violencia grotesca dentro del país.
En comentarios posteriores al fallo sobre el general Cienfuegos, el Presidente López Obrador cuestionó la integridad de los investigadores estadounidenses, diciendo que «no actuaron profesionalmente» y que habían «fabricado» las acusaciones.
Los analistas de seguridad dijeron que les preocupaba que la naturaleza apresurada del fallo pudiera sugerir un clima continuo de impunidad en México, apoyado por un Mandatario que había apostado su legado a erradicar la corrupción.
«Esta es una gran bofetada a las instituciones estadounidenses», dijo Alejandro Madrazo, experto en políticas de drogas del CIDE. «Es evidente que el Gobierno mexicano le tiene más miedo a su propio Ejército que al Gobierno de los Estados Unidos, al que ha sido servil».
Semanas antes, las relaciones entre los agentes del orden se vieron sometidas a una tensión inmensa cuando México aprobó una ley que destruyó la capacidad de los efectivos antidrogas estadounidenses para operar en México. Ahora, con la liberación del general Cienfuegos unos días antes de que el Presidente electo Joe Biden asuma el cargo, la nueva Administración de EU enfrentará el desafío de tratar de reconstruir una relación que ha alcanzado un punto bajo en el tráfico de drogas.
En los últimos años, López Obrador pareció encontrar armonía con la Administración de Trump, inicialmente beligerante, al inclinarse ante la mayoría de sus demandas sobre comercio e inmigración. A su vez, Trump pidió relativamente poco a México en materia de seguridad y recibió constantes elogios del líder mexicano por actuar «con respeto a la soberanía» del país latinoamericano.
Luego, en octubre, sin notificar a México de antemano, agentes estadounidenses arrestaron al general Cienfuegos después de que bajó de un avión en Los Ángeles.
Cienfuegos, quien según los fiscales de EU era conocido como «El Padrino», fue acusado de aceptar sobornos para trabajar directamente para un cartel de la droga, asegurar sus cargamentos de narcóticos y presentarlos a otros funcionarios dispuestos a aceptar pagos por cooperación.
La noticia aterrizó como una bomba en México, donde en una serie de reuniones de alto nivel, funcionarios del Gobierno se enfurecieron porque no se les mantuvo en la oscuridad sobre el arresto. El Ejército estaba particularmente enfurecido por la detención de uno de sus generales más respetados, algo que los funcionarios vieron como un ataque directo a la soberanía mexicana.
En López Obrador, los generales de México han encontrado un aliado entusiasta. Ha convertido al Ejército en un pilar central de los esfuerzos para combatir la violencia.
Las Fuerzas Armadas mexicanas también han recibido un conjunto creciente de responsabilidades civiles, incluida la distribución de la vacuna contra el coronavirus y la construcción de un nuevo aeropuerto en la capital.
A medida que aumentaron las responsabilidades de los militares, también lo hicieron sus arcas. Si bien López Obrador ha destruido el financiamiento público en todos los ámbitos bajo una estricta política de austeridad fiscal, sí ha salvado a las Fuerzas Armadas, aumentando el gasto de defensa en casi un 40% desde que asumió el cargo en 2018.
«El Ejército es el actor político fundamental en la vida pública del país», dijo Alejandro Hope, analista de seguridad de la Ciudad de México. «Nadie tiene más peso que el Ejército».
El Gobierno mexicano hizo todo lo posible en la lucha por el futuro del general Cienfuegos, amenazando con expulsar a la Administración de Control de Drogas de EU del territorio a menos que lo liberaran. En una inusual capitulación, el ex Fiscal General de la Unión Americana, William Barr, cedió ante la presión y el general fue trasladado rápidamente a México.
En ese momento, el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sugirió que una vigorosa investigación interna del general Cienfuegos se había vuelto vital. «Sería casi suicida (…) no hacer nada» después de lograr que los estadounidenses retiren los cargos y lo devuelvan, señaló.
Sin embargo, dos meses después, México de repente absolvió al general de todos los cargos.
El Fiscal General de México dijo en un comunicado que Cienfuegos «nunca tuvo ningún encuentro con los miembros de la organización criminal» y nunca recibió ningún «ingreso ilegal».
El Departamento de Justicia de EU, por su parte, dijo en un comunicado el viernes que se reservaba «el derecho de reanudar el enjuiciamiento contra Cienfuegos si el Gobierno de México no lo hace».
