Washington DC, Estados Unidos (17 enero 2021).- A días de que el Presidente Donald Trump deje el cargo, aliados suyos han formado un lucrativo mercado en la Casa Blanca, al cobrar tarifas de miles de dólares a delincuentes adinerados a cambio de cabildear por un indulto, según documentos y entrevistas con más de treinta cabilderos y abogados.
El mercado de indultos refleja el tráfico de acceso que ha definido la presidencia de Trump, así como su enfoque poco ortodoxo para ejercer los poderes presidenciales. Los indultos y las conmutaciones están destinados a mostrar clemencia a personas que lo merecen por las fallas en el sistema judicial, pero Trump ha utilizado muchos de ellos para recompensar a aliados personales o políticos.
El cabildeo por el indulto arreció cuando quedó claro que Trump no tenía ningún recurso para desafiar su derrota electoral, según los entrevistados. Un cabildero, Brett Tolman, exfiscal federal que ha estado asesorando a la Casa Blanca sobre indultos y conmutaciones, ha monetizado su trabajo al recaudar decenas de miles de dólares, y posiblemente más, para presionar a favor de un hijo de un exsenador de Arkansas; el fundador del notorio mercado de drogas en línea Silk Road, y un miembro de la alta sociedad de la ciudad de Nueva York que se declaró culpable de un plan de fraude.
John Dowd, el ex abogado personal de Trump, se ha promocionado a sí mismo ante delincuentes como alguien que podría obtener indultos debido a su estrecha relación con el Presidente, y ha aceptado decenas de miles de dólares de un delincuente adinerado y ha aconsejado a él y a otros clientes potenciales que aprovechen las quejas sobre el sistema judicial que ha hecho el Mandatario.
A un antiguo asesor principal de la campaña de Trump se le pagaron 50 mil dólares para ayudar a buscar el indulto para John Kiriakou, un exoficial de la CIA condenado por divulgar información clasificada ilegalmente, y aceptó un bono de 50 mil dólares si el Presidente lo concedía, según una copia de un acuerdo.
Y a Kiriakou se le dijo por separado que Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump, podría ayudarlo a obtener un indulto por 2 millones de dólares. Kiriakou rechazó la oferta, pero un asociado, temeroso de que Giuliani estuviera vendiendo indultos ilegalmente, alertó al FBI. Giuliani desafió esta caracterización.
Después del juicio político a Trump por incitar a sus partidarios antes de los disturbios en el Capitolio el 6 de enero, y con los líderes republicanos en su contra, el poder del perdón sigue siendo uno de los últimos y más probables medios para una rápida acción unilateral del Presidente. Ha sugerido a sus ayudantes que quiere dar un paso extraordinario y sin precedentes al perdonarse a sí mismo, aunque no estaba claro si había abordado el tema desde los disturbios.
También ha hablado de conceder indultos preventivos a sus hijos, su yerno y asesor principal, Jared Kushner y a Giuliani. Un portavoz de la Casa Blanca se negó a comentar.
Los académicos legales y algunos abogados de indultos muestran preocupación tales movimientos, así como por el hecho de que amigos y aliados de Trump se ofrezcan a buscar indultos para otros a cambio de efectivo.
«Este tipo de tráfico de influencias, un sistema de privilegios especiales niega consideración a los cientos de personas comunes que se han alineado obedientemente como lo requieren las reglas del Departamento de Justicia, y es una violación básica de un largo esfuerzo para hacer que este proceso por lo menos parezca justo», dijo Margaret Love, quien dirigió el proceso de clemencia del Departamento de Justicia desde 1990 hasta 1997 como fiscal de indulto de Estados Unidos.
Hay pocos paralelismos históricos. Quizás lo más cercano ocurrió en las últimas horas de la Administración de Bill Clinton cuando emitió 170 indultos y conmutaciones, algunas de las cuales fueron para personas que pagaron sumas de seis cifras a su familia y socios. Pero incluso Clinton, a quien se consideraba que desobedecía los protocolos, recompensaba principalmente a las personas que habían pasado por un proceso intensivo de revisión del Departamento de Justicia destinado a identificar y examinar a los destinatarios más merecedores de entre miles de solicitudes de clemencia.
Trump ha evitado ese proceso más que cualquier Presidente reciente, al crear un sistema «ad hoc» en la Casa Blanca sobre el que Kushner ha tenido una influencia importante, y se ha basado en los aportes de una red informal de asesores externos, incluido Tolman. Ese sistema favorece a los solicitantes de perdón que tienen conexiones con Trump o su equipo, o que le pagan a alguien que los tiene, dijeron los abogados de indulto que han trabajado durante años en el sistema del Departamento de Justicia.
Las concesiones de clemencia presidencial o el cabildeo por ellas son regidas por pocas regulaciones, particularmente por parte de los abogados, y no hay nada ilegal en que se pague a los asociados de Trump para presionar por el indulto.
Cualquier oferta explícita de pago al Presidente a cambio de un indulto podría ser investigada como posible violación de las leyes de soborno, pero no ha surgido evidencia de que a Trump se le ofreciera dinero a cambio de un indulto.
Algunos que utilizaron recursos o conexiones para tratar de llegar a Trump dicen que se debería conceder el indulto a más personas, independientemente de su influencia.
«El sistema de justicia penal está muy quebrado, con muchos defectos», dijo el exsenador Tim Hutchinson, un republicano que sirvió en el Congreso de 1993 a 2003.
Le ha pagado a Tolman al menos 10 mil dólares desde fines del año pasado para presionar a la Casa Blanca y al Congreso para obtener un indulto para su hijo Jeremy Hutchinson, un exlegislador del estado de Arkansas que se declaró culpable en 2019 de aceptar sobornos y de fraude fiscal, según una divulgación de cabildeo presentada este mes.
Hutchinson dijo que los 10 mil dóalres eran solo para cabildeo y reconoció que Tolman pudo haber prestado servicios legales que no se reflejan en la divulgación. Si bien Hutchinson dijo que estaba contento con Tolman, agregó: «Hay muchas personas que merecen misericordia, y espero que el Presidente tenga una amplia red en su enfoque para indultar».
Tolman, que no respondió a las solicitudes de comentarios, es un ex fiscal de Estados Unidos en Utah designado por el Presidente George W. Bush. Fue uno de los principales defensores de la legislación que revisa las leyes de sentencia defendidas por Trump y Kushner y fue invitado a la ceremonia de firma de la Casa Blanca en diciembre de 2018.
Desde entonces, Tolman se ha convertido en un destacado defensor de las solicitudes de clemencia, y el sitio web de su empresa destaca una declaración de la Casa Blanca en la que se le acredita haber ayudado a obtener indultos o conmutaciones para tres personas, incluido el padre de Kushner, un rico promotor inmobiliario que fue condenado por evasión de impuestos, manipulación de testigos y violaciones a leyes de financiamiento de campañas.
La Casa Blanca también le ha dado crédito a Tolman por haber ayudado a delincuentes menos conectados a obtener el indulto. No hay registros públicos que indiquen que a Tolman se le pagó por esos esfuerzos, y Tolman escribió en Twitter el viernes que ha «representado a muchos para obtener el indulto. Algunos han sido clientes que pagan, muchos han sido pro bono. Estoy orgulloso del trabajo de clemencia de mi equipo».
Tolman presentó documentación este mes en la que indica que le pagaron 20 mil dólares en los últimos tres meses del año pasado para buscar una conmutación para Dina Wein Reis, quien se declaró culpable en 2011 de conspiración para cometer fraude electrónico. Reis, que salió de prisión en 2014, no respondió a las solicitudes de comentarios.
Una presentación de este mes reveló que Tolman recibió 22 mil 500 dólares de un hombre de Arizona llamado Brian Anderson que lo había contratado en septiembre para pedir el indulto a Ross Ulbricht, el fundador de Silk Road. Ulbricht fue condenado a cadena perpetua en 2015 por participar en una empresa delictiva continua y distribuir narcóticos en Internet.
Semanas después de dejar el cargo de abogado del Presidente en 2018, Dowd comenzó a promocionarse como un conducto potencial para los indultos. Dowd les dijo a los posibles clientes que podía ayudarlos a recibir indultos debido a su acceso a Trump y a sus principales asesores como Kushner.
Dowd, quien como abogado del Presidente había otorgado un indulto para evitar que el exasesor de seguridad nacional de Trump cooperara con los investigadores, había continuado asesorando informalmente a Trump. Les dijo a los posibles clientes y sus representantes que el presidente probablemente vería con buenos ojos a los peticionarios que fueron investigados por fiscales federales en Manhattan o empañados por filtraciones percibidas del FBI. En ese momento, Trump buscaba socavar a esos grupos porque estaban investigando su conducta.
Después de dejar el equipo legal de Trump, Dowd comenzó a representar a William T. Walters, un adinerado corredor de apuestas deportivas de Las Vegas condenado por abuso de información privilegiada. Por esa época, Dowd le dijo a Walters y a otros que pronto obtendría un perdón para su cliente usando su acceso a la Casa Blanca y porque Walters había sido investigado por fiscales en Manhattan y el FBI.
Walters pagó a Dowd decenas de miles de dólares, pero el perdón aún no se ha materializado.
Dowd negó que se hubiera jactado con nadie de su capacidad para obtener indultos y se negó a responder preguntas.
La exasesora de campaña de Trump, Karen Giorno, también tuvo acceso a personas cercanas al Presidente, ya que dirigió la campaña de Trump en Florida durante las primarias de 2016 y permaneció a bordo durante las elecciones generales.
Se reunió en 2018 con Kiriakou, quien se declaró culpable en 2012 de revelar ilegalmente el nombre de un oficial de la CIA involucrado en la tortura de un detenido estadounidense. Aunque el nombre nunca se reveló públicamente, Kiriakou fue condenado a 30 meses de prisión. En la reunión, en la oficina de Washington de su abogado, Kiriakou dijo que había sido agraviado por el Gobierno y que buscaba un perdón para poder portar una pistola y recibir su pensión.
Giorno estuvo acompañada por el exdirector de avance de Trump, George Gigicos. Ambos dijeron que tenían líneas directas con el Presidente, dijo Kiriakou.
«Quería creerles», dijo.
Giorno refutó esta versión, al decir que ni ella ni Gigicos se jactaban de su acceso presidencial. Dijo que Gigicos no participó en su esfuerzo, que dijo que estaba motivado por el sentimiento de que «fue injusto lo que le sucedió» a Kiriakou.
En julio de 2018, Giorno firmó un acuerdo con Kiriakou, una copia del cual fue obtenida por The New York Times, «para solicitar el perdón total del Presidente Donald Trump de su condena» por 50 mil dólares y prometió otros 50 mil dólares como bonificación si conseguía una perdón.
Giorno dijo que nunca habló con Trump directamente sobre Kiriakou y que no presionó a nadie en su Administración para pedirle un indulto. Más bien, dijo que en reuniones con altos funcionarios de la Administración, trató de «conectar los puntos» entre las personas y las técnicas involucradas en el enjuiciamiento de Kiriakou y los involucrados en la investigación del fiscal especial que entonces perseguía a la presidencia de Trump.
Kiriakou dijo que también abordó su búsqueda de un perdón durante una reunión el año pasado con Giuliani y sus asociados sobre otro tema en el Trump International Hotel en Washington, que involucraba una cantidad sustancial de alcohol.
Cuando Giuliani fue al baño en un momento, uno de sus confidentes se volvió hacia Kiriakou y sugirió que Giuliani podría ayudar. Pero «va a costar 2 millones de dólares; va a querer dos millones de dólares», recuerda Kiriakou que dijo el asociado.
«Me reí. ‘Dos millones de dólares, ¿estás loco?'», dijo Kiriakou. «Incluso si tuviera dos millones de dólares, no los gastaría para recuperar una pensión de 700 mil dólares».
Kiriakou dijo que no siguió con el arreglo, pero compartió la anécdota en una fiesta el otoño pasado. Un amigo, un denunciante de la Administración de Seguridad en el Transporte y ex mariscal aéreo llamado Robert J. MacLean, se alarmó y temió que Giuliani pudiera estar vendiendo indultos.
Sin decirle a Kiriakou, MacLean presentó un informe al FBI.
«Me sentí obligado a informarlo», dijo MacLean.
Ni él ni Kiriakou tuvieron noticias de las autoridades.
Giuliani rechazó la descripción de los hechos, al afirmar que no recordaba haberse reunido con Kiriakou y que ninguno de sus asociados ofrecería sus servicios como intermediario de indultos porque había dejado en claro que no trabajaba en casos de clemencia como resultado de su representación de Trump.
«Es como un conflicto de intereses», dijo Giuliani. Dijo que había oído que se ofrecían tarifas elevadas, «pero tengo suficiente dinero. No me muero de hambre «.
