Diputados federales demandaron que desde el Gobierno haya investigaciones profesionales y serias sobre la participación de militares y mandos policiacos en el crimen organizado, a fin de evitar impunidad y aclarar casos como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Grupo REFORMA publicó este jueves que un testigo protegido en la investigación sobre los hechos de Iguala de 2014 relató que militares y mandos policiacos participaron en la desaparición, y que la organización criminal Guerreros Unidos les entregaba sobornos por permitir el trasiego de droga.
Entre los servidores públicos se mencionó al hoy Secretario de Seguridad en la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo, el diputado perredista Antonio Ortega y la diputada sin partido Lucía Riojas demandaron que se investigue a los militares y policías que han sido señalados y no haya protección para nadie.
Se debe esclarecer el caso y llegar hasta sus últimas consecuencias, demandó Bravo.
“Las Fuerzas Armadas deben abrir el correspondiente proceso de investigación interna, ya que tienen los instrumentos para hacerlo, con la finalidad de que ellos mismos contribuyan a deslindar responsabilidades internas”, manifestó el legislador de Jalisco.
“No hay nada que haga más daño que las mismas Fuerzas Armadas no tuvieran la capacidad de actuar sobre eventuales yerros, o eventuales delitos cometidos al amparo de su función. Debe haber la vitalidad y fortaleza suficiente en las Fuerzas Armadas para investigar y sancionar eventuales actos ilegales o delictivos de sus miembros”.
Bravo expuso que los señalamientos sobre militares involucrados demuestran la necesidad de establecer pesos y contrapesos, que permitan que toda institución en el País pueda ser sometida a una investigación si ocurren hechos que lo ameriten.
“Esto es necesario que también ocurra en el ámbito de las Fuerzas Armadas, en virtud de que los naturales controles y equilibrios dentro de ella no son tan sencillos de poderse generar”, opinó.
El diputado agregó que las Fuerzas Armadas deben ser transparentes a toda investigación sobre posibles excesos, lo que sería más una fortaleza que una debilidad.
Por su parte, el perredista Antonio Ortega demandó que desde el Gobierno federal haya investigaciones serias y profundas sobre la participación de militares o policías en actividades del crimen organizado, para que no haya duda sobre su eventual inocencia y evitar impunidad si resultan culpables.
Sobre la complicidad de militares en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el perredista llamó a que la Fiscalía General de la República realice una investigación seria, no basada solo en la declaración de un testigo protegido, sino que haya pruebas y verificación de circunstancias para verificar la versión emitida.
“No hay que extrañarse ni dar por exagerada o por falsa la acusación de una supuesta complicidad entre bandos de policías y militares con elementos de la delincuencia organizada, sino que hay que realizar una investigación profunda, verificar evidencias sobre si es verdad que hay infiltrados, si hay sobornos, si hay complicidades, y no descartar nada para poder llegar a una verdad que sea creíble”, manifestó.
Para el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró que se debe evitar que inocentes queden “manchados” por la sospecha y que culpables sean exonerados, debido posiciones políticas del Ejecutivo federal.
La alianza que tiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el Ejército y la Marina, dijo, no debe impedir que se sometan a la justicia los militares que hayan violado la ley.
Ejemplo de ello, agregó, es lo que recientemente sucedió con el General Salvador Cienfuegos, que fue detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico y lavado de dinero, y que al ser devuelto a México, se desecharon tales acusaciones.
“Puede que sí sea inocente, pero ya quedó manchado por la forma en que se hizo la investigación de la Fiscalía, por los exabruptos del Fiscal Alejandro Gertz contra la DEA”, expresó.
La diputada Riojas manifestó que no sorprende la participación de militares en hechos delictivos y violatorios de derechos humanos, porque ya lo han hecho antes.
“Parece que se confirma la hipótesis de que el Ejército tuvo parte importante que ver en lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Familiares y el GIEI habían apuntado hacia allá”, sostuvo.
“Lo mínimo que podemos esperar es que éste sea el punto de inflexión para tomar en serio la investigación al Ejército y asumir, desde un gobierno que dijo buscar la paz, la memoria y la justicia, los costos de los resultados”.
Sin embargo, dijo, lo que sucede es lo contrario, pues el Gobierno se ve sometido a las fuerzas castrenses.
“No alcanzamos a ver voluntad política genuina para encontrar justicia”.
Sobre la declaración del Secretario de la Defensa, Luis Sandoval, de que deberán responder quienes cometieron “errores”, la legisladora corrigió al funcionario.
No se llaman “errores”, aclaró, sino ejecuciones extrajudiciales y junto con otros crímenes deben de ser investigados a fondo para que rindan cuentas.
La difusión de las investigaciones, opinó Riojas, no son un sustituto de justicia ni de la verdad.
“Por el contrario, vulneran los derechos de las víctimas y el debido proceso. Debemos apelar a que el proceso de investigación sea serio, certero y no revictimizante”, aseveró.
