Washington.- El Presidente estadounidense, Joe Biden, firmó este miércoles una orden ejecutiva para salvaguardar el programa DACA, que protege de la deportación a unos 650 mil indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como “soñadores”. También firmó otro decreto que ordena detener la construcción del muro fronterizo con México, al acabar con la emergencia nacional decretada por su predecesor, Donald Trump, para desviar fondos hacia ese proyecto.
Inaugurando la que se anticipa como una nueva era en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumplió su promesa electoral de presentar en su primer día de mandato un amplio proyecto de ley de inmigración que incluye una vía a la ciudadanía para unos 11 millones de indocumentados en el país.
Tras cuatro años de mano dura contra los inmigrantes del saliente mandatario, Donald Trump, el equipo de transición de Biden anunció este miércoles los detalles del proyecto de ley que el demócrata envía hoy mismo al Congreso como parte de su compromiso de “modernizar” el sistema de inmigración, denominado “Ley de Ciudadanía de EU de 2021”.
La iniciativa, que deberá recibir al visto bueno de ambas cámaras legislativas, dominadas por los demócratas, pretende administrar y proteger de “manera responsable” la frontera, mantener a “familias y comunidades seguras y administrar mejor la migración en todo el hemisferio”, señaló un comunicado.
De ser aprobado, el proyecto legislativo de Biden supondría la mayor reforma migratoria desde el Gobierno del republicano Ronald Reagan (1981-1989), que legalizó a 3 millones de indocumentados en 1986.
CIUDADANÍA, UN ANHELO DE AÑOS
No en vano, y como su nombre indica, su punto clave es ofrecer una vía a la ciudadanía en 8 años a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que viven en EU.
Los inmigrantes podrán conseguir un estatus legal temporal que les dará la opción de alcanzar 5 años después el permiso de residencia (“green card” o tarjeta verde), si cumplen una serie de requisitos como carecer de antecedentes penales y pagar sus impuestos.
Pero un importante grupo de ellos, los menores que llegaron al país siendo niños de la mano de sus padres, también indocumentados y conocidos como “soñadores”, así como los amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), en su mayoría centroamericanos, y los trabajadores agrícolas inmigrantes podrán aspirar a una residencia legal de “inmediato” y 3 años más tarde a la ciudadanía, destacó la nota.
Para evitar una avalancha de inmigrantes, el proyecto de ley establece que esta medida afectaría a los inmigrantes que estén “físicamente presentes en Estados Unidos el 1 de enero de 2021 o antes”.
Los deportados durante la Presidencia de Trump, desde el 20 de enero de 2017, y que estuvieron físicamente presentes durante al menos tres años antes de la expulsión pueden solicitar el mismo beneficio por “unidad familiar y otros fines humanitarios”, pero ya ese proceso dependerá del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), para el que Biden ha nominado al cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas.
En su audiencia de confirmación ante el Senado este lunes, Mayorkas puntualizó que se concederá la ciudadanía a “los individuos que han estado en el país durante muchos años, que han contribuido a nuestras comunidades y a la prosperidad económica de la nación”.
El Senador demócrata Bob Menendez anunció este mismo miércoles que encabezará el esfuerzo legislativo en la Cámara Alta por la aprobación de este proyecto de ley y lo presentará a sus colegas para conseguir un sistema migratorio “justo, humano y funcional”.
“Los últimos cuatro años han sido traumáticos para las comunidades de inmigrantes que han sufrido implacables ataques de la Administración Trump. Hoy, pasamos la página de este capítulo oscuro de nuestra historia y comenzamos el arduo trabajo de reparar el daño y reconstruir una mejor unión que refleje los valores de nuestra nación”, aseguró.
En la Cámara Baja, el proyecto de ley estará patrocinado por la congresista hispana Linda Sánchez, quien dijo en un tuit que se ha esperado demasiado para esta reforma, por lo que no piensa perder el tiempo para ponerse “manos a la obra” para conseguirla.
Una de las modificaciones que incluye la iniciativa de Biden es semántico, pero recoge un pedido de larga data de parte de las organizaciones y activistas a favor de los inmigrantes, que han expresado su malestar por que se vincule a esta comunidad con términos como “extranjero ilegal”.
“El proyecto de ley reconoce a Estados Unidos como una nación de inmigrantes al cambiar la palabra ‘extranjero’ por ‘no ciudadano’ en nuestras leyes de inmigración”, destaca el comunicado.
Otra de las aspiraciones de la ley será la reunificación familiar, dando especial importancia a los grupos familiares LGBTQ + y permitiendo igualmente a los inmigrantes con peticiones aprobadas de patrocinio familiar reunirse con sus seres queridos en EE.UU. de forma temporal mientras esperan por las tarjetas de residencia.
También la propuesta de ley incluye una provisión que prohíbe la “discriminación basada en la religión y limita la autoridad presidencial para emitir prohibiciones futuras” y aumenta las visas de diversidad de 55 mil a 80 mil.
Entre otras de sus polémicas decisiones, Trump instauró nada más llegar a la Casa Blanca un veto migratorio a los nacionales de once países con una significativa población musulmana (Eritrea, Irán, Kirguistán, Libia, Birmania, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria, Tanzania y Yemen) y que incluye restricciones para Venezuela y Corea del Norte.
UN MURO “DESFINANCIADO”
Para intentar lograr el necesario apoyo republicano en el Senado, Biden incluyó además nuevos recursos en la frontera, su decisión de dejar de lado la construcción del muro en la frontera con México -la promesa electoral cumplida a medias por Trump- y apostar sobre todo por la “tecnología” para acelerar la detección del cruce ilegal de mercancías y estupefacientes.
La nueva propuesta pretende de igual forma destinar fondos para mejorar el “profesionalismo” de los agentes fronterizos y crear un comité para investigar posibles “malas conductas”, y busca mejorar la atención de individuos, familias y menores bajo la custodia de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
