Dos tribunales federales revocaron la orden de un juez para que el Gobierno modifique la Política Nacional de Vacunación (PNV).
La modificación del juez contempla dar prioridad a las personas vulnerables a Covid-19 por sus padecimientos, con independencia de su edad.
El Primero y el Vigésimo Tercer tribunales colegiados en materia administrativa declararon el miércoles fundados sendos recursos de queja de la Secretaría de Salud, y resolvieron que el Poder Judicial no puede modificar, mediante suspensiones, la PNV establecida por el Ejecutivo.
El juez Martín Santos Pérez ha concedido al menos 15 suspensiones de oficio a personas que han intentado recibir la vacuna, pero no son médicos ni enfermeras, sino que tienen más de 65 años o padecen enfermedades crónicas.
En dichas suspensiones, el juez consideró que el Gobierno debe ceñirse a lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y no aplicar una política “simplista” de dar prioridad solo por edad una vez vacunado el personal médico, sino tomar en cuenta los padecimientos de las personas.
Los tribunales colegiados, cuyas sentencias son inapelables, rechazaron este criterio por unanimidad de los seis magistrados que revisaron las quejas.
“La Ley de Amparo establece que se siguen perjuicios al interés social, de concederse la suspensión, entre otros supuestos, cuando se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave”, explicó el Primer Tribunal Colegiado.
“Si bien el precepto hace referencia al verbo impedir, por mayoría de razón debe ser entendido en el sentido de que también cualquier modificación a las medidas para combatir las epidemias de carácter grave, en los términos en que fueron fijadas por la autoridad, trae como consecuencia que se sigue perjuicio a la colectividad”.
El tribunal revisó la suspensión en favor de María Estela Alvarado, adulta mayor con hipertensión quien solicitó la vacuna en dos centros de salud del Gobierno de la Ciudad de México.
Los magistrados prácticamente afirmaron que la suspensión permitiría a Alvarado “meterse en la cola” para la vacuna, en detrimento del personal médico.
“Las acciones para prevenir y disminuir la transmisión del virus no recaen exclusivamente en las autoridades, sino también en los gobernados, quienes tienen la responsabilidad de atender las medidas de mitigación, como no salir de casa si no es necesario, evitar lugares con aglomeración de personas, utilizar el cubrebocas, entre otras”, se establece en la sentencia.
La PNV inició por personal de salud en primera línea de defensa contra Covid-19, sigue a partir de marzo con el resto del personal médico y mayores de 60 años y en abril con el grupo de 50 a 59 años, hasta cubrir a toda la población en marzo de 2022, sin otro criterio que la edad.
Pero el propio Gobierno no se está ajustando rigurosamente a la PNV.
La vacuna de Pfizer-BioNTech, única disponible en el País, se está aplicando a jóvenes “Servidores de la Nación” que integran brigadas de vacunación, sin ser médicos o enfermeras, y el Presidente Andrés Manuel López Obrador también ordenó aplicarla a 20 mil maestros en Campeche, único Estado en semáforo verde, para reanudar las clases presenciales.
