La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica abre la puerta a una expropiación indirecta de las plantas privadas para generar un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
«Las afectaciones de esta propuesta al País son mayúsculas, pues abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad. Además de un potencial de violar lo establecido en la Constitución», dijo el organismo en un comunicado.
De ser aprobada esta iniciativa, agregó, se traducirá en un aumento del precio de todos los productos y servicios que consumen los mexicanos y en un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la CFE.
«La iniciativa intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica. Es inexplicable la presentación de esta iniciativa, sin diálogo previo con los sectores afectados, pues abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis provocada por la pandemia», advirtió.
El CCE afirmó que se rompe la promesa del Presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su Administración.
La iniciativa, agregó, atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, impulsada por la ONU y el Acuerdo de París.
«Esto generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados», dijo el CCE.
También viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular.
Todo esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, implicando indemnizaciones del Estado a dichas compañías.
Otro efecto es que contraviene las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública.
«Este acto de autoridad modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos. Va en contra de lo resuelto por el propio poder judicial federal, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2019 y que han sido suspendidas definitivamente por el poder judicial mexicano, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible», subrayó.
A su vez, el sector industrial, aseguró que la iniciativa generaría ventajas artificiales e indebidas para CFE, con lo cual se desplazaría a sus competidores.
Además, dijo, les da a las autoridades facultades para revocar permisos de forma arbitraria y forzar la renegociación arbitraria o terminación anticipada de contratos energéticos.
«Como tal, condena al País a consumir energía cara y contaminante y, de convertirse en ley, generaría un daño económico irremediable a la economía y competitividad de nuestro país en un momento crítico.
«En representación del sector industrial mexicano, Concamin hace un llamado al poder legislativo para rechazar esta iniciativa. El obligar a consumir electricidad de mayor costo no es bueno para el consumidor mexicano ni para México», señaló la Confederación Nacional de Cámaras Industriales.
