Alonso Ancira solicitó anoche a una juez federal suspender su posible ingreso al Reclusorio Norte y permitirle llevar su proceso en su domicilio debido a que sus padecimientos de salud y edad lo convierten en una persona vulnerable ante un eventual contagio de Covid-19.
La defensa del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) presentó una solicitud de suspensión ante Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, para evitar la prisión preventiva justificada, informó su abogado Juan Araujo.
«Se promovió un incidente de suspensión para que no ingrese al Reclusorio Norte, ya que tiene diabetes e hipertensión, es una persona vulnerable ante el Covid-19 y se han dado casos en ese reclusorio», dijo el litigante.
«El lavado es un delito que no merece prisión preventiva de oficio y por eso estamos pidiendo que, en todo caso, se le permita llevar su proceso en un lugar que no sea vulnerable como puede ser su domicilio y no la prisión».
Araujo indicó que la solicitud para suspender su internamiento en el reclusorio fue presentada anoche y están a la espera de que la tarde de este miércoles la juez Ortega Tlapa resuelva si les concede este beneficio.
De 65 años de edad, Ancira aterrizará a las 17:46 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en el avión Bombardier Challeger 605, con matrícula XB-NWD, propiedad de la Fiscalía General de la República.
Araujo dijo que hasta esta tarde no han sido informados por autoridades judiciales si su cliente será trasladado al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para la audiencia de imputación, o si ésta se llevará a cabo a través del sistema de videoconferencia.
Ancira es reclamado para ser juzgado por un delito de lavado de dinero relacionado con el presunto soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya, para que Pemex le comprara la planta «chatarra» de Agronitrogenados en Veracruz.
Pero el empresario y el propio Lozoya han manifestado a las autoridades que estos pagos corresponden a dos contratos de servicios de consultoría inmobiliaria, relacionados con el Tren Interurbano México-Toluca y un proyecto ferroviario en Coahuila.
Los 3.5 millones de dólares fueron pagados en cinco transferencias, entre el 12 de junio y 28 de noviembre de 2012, es decir, antes de que Lozoya fuera nombrado director de Pemex.
La FGR, sin embargo, sostiene que esos pagos en realidad son un soborno, ya que Pemex le compró a AHMSA la planta «chatarra» de Agronitrogenados en 273 millones de dólares, cuando su precio era 10 veces menor.
