La Prensa/El Financiero
El mes pasado los vendedores y compradores de Altos Hornos de México (AHMSA) entregaron a la Fiscalía General de la República (FGR) el acuerdo reparatorio con el cual Alonso Ancira recuperaría su libertad.
Sin embargo, Alejandro Gertz Manero y sus muchachos no solo lo dejaron en suspenso, sino que ignoraron la orden de un juez de amparo que determinó la suspensión de la orden de aprehensión.
Parece que el fiscal y el presidente Andrés Manuel López Obrador están empeñados en mantener el circo mediático para que la opinión pública se distraiga de los asuntos que más aquejan como la pandemia.
El acuerdo reparatorio con el que se comprometen a resarcir al Estado los 200 millones de dólares por la sobreventa de la planta de AgroNitrogenados, tiene fecha de recibido por la FGR del 26 de enero.
Está firmado por Ancira y su hermano Jorge Ancira; su socio, Xavier Autrey; y por los representantes de los compradores, la Alianza Minerometalúrgica Internacional: Julio Villarreal y Jorge Silberstein.
Los Ancira y Autrey se comprometen a realizar ciertos actos con la finalidad de que se decrete la extinción de la acción penal y se deje sin efecto la orden de aprehensión y la ficha roja de la Interpol.
Realizar el pago de una reparación del daño a favor de Pemex, o a la entidad que el gobierno federal indique, por la cantidad de 200 millones de dólares que será liquidada mediante cuatro pagos anuales.
El monto anual es de 50 millones de dólares, más intereses que se generen sobre el saldo insoluto del monto adeudado a la tasa de fondeo de corto plazo de Pemex, en las fechas del 30 de noviembre de 2021, 30 de noviembre de 2022, 30 de noviembre de 2023 y 15 de agosto de 2024.
Jorge Ancira se comprometió a constituir un gravamen prendario sobre 55 por ciento de las acciones de su propiedad y de la familia Ancira Elizondo en el Grupo Acerero del Norte (GAN) para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago de AHMSA.
A su vez Autrey se comprometió a constituir otro gravamen prendario sobre 45 por ciento de las acciones que posee en lo personal, y del fideicomiso 2493 de Banco Invex en GAN para garantizar el pago de AHMSA.
La Alianza Minerometalúrgica Internacional firma el acuerdo en calidad de testigo del convenio reparatorio, señalando que celebró con aquéllos un contrato de compraventa.
Una vez cumplidas las condiciones suspensivas previstas en el contrato, tomarán el control tanto de AHMSA como de GAN, lo que deberá suceder antes de que concluya el primer trimestre del año.
LAS BANCADAS DE Morena en Senado y Diputados recibieron ayer línea para aprobar la reforma en materia eléctrica tal cuál la mandó el Presidente de la República. No van a revisar el fallo de la segunda Sala de la Corte que anuló la política energética que había expedido la Secretaría de Energía, de Rocío Nahle. Tanto ella como Manuel Bartlett fueron los que fracasaron en el cabildeo con los ministros y ahora quieren doblar la apuesta al expedir una ley, aún cuando tenga visos de inconstitucionalidad. Su apuesta es que en unos meses no se junten los ocho votos que se requiere en la SCJN para anular una ley. Una jugada arriesgada, pues ya hay criterio de la instancia que preside Arturo Zaldívar, pero se niegan a variar su discurso de ‘soberanía energética’ aún cuando legalmente viola la Constitución y tratados internacionales.
EL DESVÍO DE los 11 mil millones de pesos que Pemex realizó a finales del año pasado que le refería ayer, afectó principalmente a ICA que dirige Guadalupe Phillips, Techint de Paolo Rocca, Samsung que representa Jorge Navarro, Idinsa de Víctor Ortiz y Grupo Huerta Madre de Manuel Santandreu. Son los encargados de los paquetes de la refinería de Dos Bocas. Tales recursos los autorizó la Secretaría de Hacienda y estaban etiquetados para los contratistas del principal megaproyecto de la 4T. Pero Octavio Romero instruyó a su director de Administración y Servicios, Marcos Herrería, que los tomara y con ello pagara otras cosas, lo que causó el enojo de Arturo Herrera, pero sobre todo el encoleramiento de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, responsable de esa obra.
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MIENTRAS JUAN COLLADO batalla para resolver su situación legal, la que va muy rápido en la venta de la ex Caja Libertad es su presidenta, Silvia Lavalle. La exfuncionaria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando la presidía Guillermo Babatz tiene muy avanzado el proceso. Pero incurre en un conflicto de interés porque lo hace con cachucha de socia de Atik Capital, un banco boutique en el que su socio es el mismo Babatz. Y curiosamente el que lleva mano en la compra es Scotiabank, que, otra vez, preside Babatz. Hay otro par de interesados, uno de los cuales es Afirme, de Julio Villarreal. Libertad, que en su historia ha tenido de accionistas a Martín Díaz y los hermanos Javier y Oscar Rodríguez Borgio, podría venderse en más de mil millones de pesos.
OTRA AEROLÍNEA QUE está pasándola complicada es Transportes Aéreos Regionales (TAR), que dirige Ricardo Bastón. La compañía que inició en 2014 Miguel Franco viene arrastrado un pasivo cercano a 60 millones de dólares. JPMorgan, que dirige aquí Felipe García-Moreno, y Unifin, de Rodrigo Lebois, son algunos de sus acreedores. Hasta antes de la pandemia la empresa transportó cerca de 600 mil pasajeros entre los 23 destinos del país que cubre con una flota de once aviones Embraer ERJ 145 de 50 asientos. No la pierda de vista porque también se está reestructurando como Aeroméxico, que maneja Andrés Conesa.
EN MEDIO DE la crisis por Covid-19, J.García López, Oscar Padilla y Seguros Argos, de Jesús Escartín, se aliaron para lanzar Planes Legado, que combina la prevención funeraria con seguro de vida. Contempla una suma asegurada de 50 mil pesos por fallecimiento, otro tanto por tratamiento hospitalario por diagnóstico de coronavirus y/o 50 mil pesos por enfermedades graves (infarto al miocardio, insuficiencia renal, bypass, trasplante de órganos, cáncer y accidente vascular cerebral), más indemnización hospitalaria por diagnóstico por Covid-19 con mil pesos a partir del tercer día de hospitalización hasta por 12 días.
TRAS DOS AÑOS de trabajos Doopla.mx, que dirige Juan Carlos Flores, se convirtió en la primera institución de tecnología financiera autorizada en su tipo y que opera bajo la Ley Fintech. Con seis años operando ha fondeado 250 millones de pesos en créditos. Actualmente cuenta con más de 700 mil usuarios registrados y presenta un crecimiento anual de 121 por ciento. Una de sus principales bondades son las tasas de interés que maneja, en comparación con las de los bancos tradicionales. Inician desde 12 por ciento anual, frente al promedio de 17 por ciento anual de otros intermediarios.
DERECHO DE RÉPLICA
Sr. Director
En relación a los comentarios en la Cuarta Transformación del 4 de febrero, en la que se refiere al señor Miguel Alemán Magnani, me permito aclarar lo siguiente:
El señor Miguel Alemán Magnani no tiene conocimiento ni ha sido notificado de la existencia de acción penal alguna en su contra; siendo falso, asimismo, que exista responsabilidad penal alguna de los fundadores de Interjet respecto a los conceptos de contribuciones que se mencionan en la nota.
Para conocimiento de la opinión pública, en el mes de junio de 2020, los accionistas de Interjet (con el conocimiento y aprobación previa del SAT) aprobaron un aumento en el capital social por la suma de cuatro mil trescientos millones de pesos, que se destinaría a cubrir íntegramente los adeudos pendientes con el erario federal.
Ese aumento fue suscrito por los nuevos accionistas de la compañía quienes asumieron la responsabilidad de hacer el pago respectivo.
ATENTAMENTE
Alberto Petrearse
Director de Comunicación del Grupo Alemán
