El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer la versión pública de la denuncia que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, presentó el 11 de agosto de 2020 por el caso Odebrecht.
En esa denuncia, Emilio Lozoya señaló al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, de ser quienes le daban órdenes para mover el dinero de los presuntos sobornos entregados por los representantes de la empresa brasileña para financiar la campaña electoral de 2012.
Ahí también mencionó a un grupo de ex legisladores, a quienes presuntamente se sobornó para que aprobaran en el Congreso las reformas estructurales propuestas por el presidente Peña Nieto.
En sesión de Pleno de este miércoles, la comisionada Josefina Román expuso el proyecto de resolución al recurso de revisión en el que se ordenó a la FGR dar a conocer la versión pública de la denuncia de Emilio Lozoya contra otros personajes, en la que no se podrán ocultar los nombres de los ex servidores públicos a los que se les atribuyeron los presuntos actos de corrupción.
En el análisis del caso, la comisionada dijo que aunque de inicio se concedía la razón a la FGR, la cual negó la información con el argumento de estar en reserva por tratarse de una carpeta de investigación en curso, se encontró que dicha denuncia ya había sido expuesta a través de notas periodísticas como resultado de la filtración de la misma, y que además al tratarse de una denuncia por supuestos actos de corrupción, aplicaba la excepción a la reserva, establecida en el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia.
“No debe soslayarse que dicho documento está relacionado con presuntos actos de corrupción, atribuibles a la persona que en su momento se desempeñó como servidor público y alude al involucramiento de recursos públicos, por lo que se advierte la actualización del supuesto de excepción a la reserva establecido en el artículo 112 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, el cual dispone que no puede invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción”.
Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray fueron acusados por Emilio Lozoya. (Cuartoscuro)
La propuesta de la comisionada, de obligar a entregar versión pública de la denuncia, fue aprobada por unanimidad del Pleno con dos votos particulares de los comisionados Francisco Javier Acuña y Adrián Alcalá, por temas técnicos.
El 11 de agosto, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que Emilio Lozoya, quien llegó extraditado de España el 17 de julio y se acogió al criterio de oportunidad, acusó que “hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República”.
Explicó que “el que después fue presidente (Enrique Peña Nieto) y su secretario de Hacienda (Luis Videgaray) son las personas que este individuo, que está presentando la denuncia, señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros, que colaboraron y trabajaron para la compaña de estas dos personas”.
Agregó que en la misma denuncia Emilio Lozoya mencionó una supuesta compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014.
“En ese caso en específico, se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y cinco senadores que él señala con nombres, que, por supuesto, quedarán en reserva estos nombres hasta que nosotros judicialicemos, en el caso de que encontremos las pruebas suficientes”.
Posteriormente, la denuncia se filtró a medios de comunicación y entre los ex legisladores mencionados estaban Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién (gobernadores hoy de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente), Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury, entre otros.
Insisten en certificado médico
En la misma sesión, la comisionada expuso el proyecto de resolución de un recurso de revisión en el que se ordenó a la FGR entregar el certificado médico o dictamen de integridad física en el que se determinó que Emilio Lozoya padecía de anemia y problemas en el esófago al momento de su extradición.
La resolución también fue aprobada por el unanimidad del Pleno y se suma a la instrucción dictada en la sesión de la semana pasada, donde también se ordenó a la FGR, en respuesta a una solicitud similar, dar a conocer el diagnóstico de salud de Emilio Lozoya y el nombre del médico que lo firmó.
