Un tribunal de esta Capital condenó al capitán José Manuel Fernández Aguirre al pago de más de 30 millones de pesos en favor de Aeroméxico y Aerolitoral, para reparar los daños ocasionados por el paro de pilotos en 2017, que le atribuyen haber encabezado.
La Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó la sentencia en una demanda civil presentada por las aerolíneas contra Fernández, quien hoy aspira a ser secretario general de Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA).
Según el fallo, suscrito en forma unánime por los magistrados Rosalba Guerrero Rodríguez, Miguel Alberto Reyes Anzures y Élfego Bautista Pardo, el sentenciado puede ser objeto de embargos a sus bienes, en caso de no garantizar el pago. El sentenciado, sin embargo, no deberá pagar las costas de la segunda instancia.
«Se condena al señor José Manuel Fernández Aguirre a la reparación del daño… consistente en el pago de la suma de 30 millones 92 mil 915 pesos con 43 centavos, por concepto de daños y perjuicios derivados de la imposibilidad temporal que tuvieron de prestar a sus usuarios el servicio público de transporte aéreo de pasajeros a su cargo y del cual son concesionarios, los que deberá realizar en el término de 5 días contados a partir de que la presente resolución cause ejecutoria, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido se procederá al embargo de bienes de su propiedad», dice la sentencia.
Esta resolución fue dictada en cumplimiento a una sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de esta capital, en la que concedió el amparo a las demandantes e instruyó reponer el fallo. Fernández podría impugnarlo.
El 28 de noviembre de 2017, con motivo del despido del capitán José Manuel Orduño, 70 pilotos de Aeroméxico Connect suspendieron labores y afectaron a 140 vuelos en los que viajarían alrededor de 10 mil pasajeros.
El despido fue motivado por faltas, ausencias e impuntualidades frecuentes d Orduño, que provocaron demoras de hasta tres horas en algunos vuelos, según lo informado en su momento por la aerolínea.
Desde el primer momento, integrantes de ASPA dijeron que Fernández, secretario del Trabajo de la organización, encabezó la protesta sin el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional.
En la demanda por daños y perjuicios, presentada originalmente ante el Juez 63 de lo Civil de la CDMX, las compañías aéreas presentaron un peritaje que cuantificó los daños y perjuicios, basado en dictámenes de contabilidad.
Para defenderse, Fernández exhibió un análisis contable y comparativo de las partidas registradas por las aerolíneas aéreas, el día de la protesta.
Concluía que había diferencias entre los comprobantes manifestados por las empresas y lo registrado en su contabilidad, que reportaba en el listado 140 vuelos afectados por el paro de actividades.
Este análisis, sin embargo, fue desestimado por las autoridades judiciales.
«A juicio de esta alzada no se le otorga valor probatorio, al no documentar el perito de la parte y demandada sus aseveraciones, con la información y soporte de los sistemas contables que sí proporcionó la parte actora, y sin que produzca credibilidad sus aseveraciones que la documentación no le fue proporcionada», dice el tribunal.
REFORMA buscó a la vocería de Aeroméxico para consultarle su postura sobre esta resolución judicial, sin embargo, dijeron que no harían comentario alguno.
