Por Juan José Rodríguez Prats
Aclarando simplezas
Hay debates que se pervierten, se envician, se contaminan, se prolongan indefinidamente y nunca llegan a esclarecerse. Se tornan tan confusos que ya no se sabe cuál es el asunto a dilucidar. En México tenemos varios: regular la relación Iglesia-Estado, hacer compatible la libertad de expresión con las necesarias condiciones para su ejercicio o definir un marco jurídico para el sector de la energía. En este último confluyen muchos ingredientes: ideológicos, históricos, emocionales, financieros, ecológicos, tecnológicos y varios más. Por eso es necesario precisar algunos hechos e ideas.
Los extranjeros iniciaron la electrificación en el Porfiriato: pequeñas hidroeléctricas en diversos estados y ensayos de alumbrado en zonas urbanas. Destaco la de Necaxa, realizada con apoyo gubernamental en 1905, considerada en su tiempo como la presa más moderna en el mundo y aun en operación.
En 1937, Lázaro Cárdenas creó la Comisión Federal de Electricidad para llevar el fluido a donde no había el incentivo del negocio. Sector público y privado se complementaron hasta 1960.
Adolfo López Mateos, emulando a Cárdenas y con el síndrome nacionalista, quiso iniciar su gobierno con un acto espectacular: expropiar las plantas de generación extranjeras. Su secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, lo convenció de comprarlas, para no confrontarse con el capital foráneo. Así se hizo, pero el Presidente no estaba satisfecho. Había que agregarle algo a la altura de su liderazgo. Se incurrió en un acto de la más patética demagogia: considerar a la electricidad como un recurso natural y estratégico, como un elemento esencial de la soberanía. Se incorporó al artículo 27 constitucional la exclusividad del Estado, desde generar electricidad hasta llevarla al usuario. ¿Por qué se prohibía a los particulares invertir en ese sector? ¿En qué consistía lo estratégico? ¿Podía el Estado, por sí solo, satisfacer la demanda nacional? Eso no era importante. López Mateos celebró el acto con una gran manifestación en el Zócalo. Había una manta que lo decía todo: “La electricidad es nuestra”.
En las cámaras hubo dos intervenciones dignas de mención. El diputado Eduardo José Molina Castillo desmintió categóricamente que hubiera habido “nacionalización de la industria eléctrica” y señaló que se estaban comprando fierros viejos. El senador Rodolfo Brena Torres expresó que de ninguna manera se prohibía a los particulares generar electricidad, que lo exclusivo del Estado era la destinada al servicio público.
Las empresas Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro fueron, como todos los negocios a cargo del gobierno, un rotundo fracaso. En varias ocasiones sus deudas fueron absorbidas por el sector público y los subsidios formaron parte de los presupuestos anuales.
Carlos Salinas de Gortari, como consecuencia del Tratado de Libre Comercio, creó figuras en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir inversión privada, lo cual permitió cuantiosas y oportunas inversiones. En 2013 se quitaron por fin las prohibiciones para crear un mercado como muchas naciones lo han hecho.
Ahora, como a veces sucede, vamos para atrás. Una breve reflexión, cuya autoría no recuerdo. En un sistema totalitario, todo está prohibido inclusive lo permitido; en un sistema autoritario todo está prohibido excepto lo expresamente permitido; en un Estado de derecho todo está permitido excepto lo expresamente prohibido; en un Estado de derecho relajado, todo está permitido inclusive lo prohibido.
El presidente López Obrador incurre en una monumental incongruencia cuando hace suyo el lema francés del 68: “Prohibido prohibir”. Envía una iniciativa contraria a los fines del derecho que prohíbe, inhibe, desalienta lo que México hoy más requiere: la inversión. Sinceramente, me es difícil concederle al Ejecutivo la presunción de su buena fe.
