Los gobiernos de Chiapas y Morelos son los gobiernos estatales que acumulan los más altos probables daños patrimoniales ocasionados a la Hacienda federal, de acuerdo con el tercer informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública 2019, entregado este sábado.
En el segundo informe de la ASF a la fiscalización a la Cuenta Pública 2019, entregado en octubre de 2020, el gobierno estatal con el posible daño al erario más grande había sido la Ciudad de México, con más de 7 mil 500 millones de pesos.
En esta ocasión, Chiapas suma un posible desfalco por mil 76 millones de pesos, la mayoría destinados a pagos a maestros.
Morelos acumula un probable daño al erario por 951.7 millones de pesos; la mayoría de los recursos desapareció en 17 instituciones estatales.
En total, 31 estados, excepto Querétaro, fueron señalados, en esta entrega de la ASF, con posibles daños patrimoniales por un monto en conjunto de más de 5 mil 264 millones de pesos.
Después de Chiapas y Morelos, le siguen Tabasco y Nayarit como las entidades con más montos de probables daños al erario, con más de 606 y de 377 millones de pesos cada una; los de menos daño al erario son Quintana Roo y Sonora, en donde el posible desfalco fue de 233 mil y 605 mil pesos, respectivamente.
En Chiapas, se beneficio a la CNTE
En el caso de Chiapas, la mayoría de los recursos federales considerados como daño al erario, más de 973 millones, fue utilizada de manera indebida en pagos relacionados con actividades educativas.
En Chiapas, prácticamente todos los profesores están adscritos a la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
De acuerdo con el tercer informe de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2019, el estado gobernado por Rutilio Escandón hizo un probable mal uso de recursos federales provenientes de siete fondos diferentes.
Se trata de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal, del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, del Fondo Regional así como de los programas de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, Escuelas de Tiempo Completo.
El pliego de observaciones dirigido al gobierno del estado de Chiapas con el mayor monto de posible desfalco es uno por 524.3 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, cuyo uso no pudo ser demostrado con documentación comprobatoria y justificativa.
Además de ese pliego, también tiene otro con observaciones por 277 millones 592 mil 120 pesos, recursos del programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, los cuales son considerados ya como un daño patrimonial, por haber sido mal utilizados.
La ASF explicó que el posible daño al erario se ocasionó por pagar con recursos de ese programa montos superiores a los establecidos en el tabulador autorizado, por 4 millones 440 mil 841.01 pesos; por pagos de plazas no autorizados en el tabulador, por 76 millones 904 mil 852.02 pesos y por el pago de conceptos no identificados ni autorizados al personal por 196 millones 246 mil 427.86 pesos.
Otros 77 millones 152 mil pesos, provenientes del programa de Escuelas de Tiempo Completo, fueron considerados daño patrimonial porque el gobierno no pudo acreditar que esos recursos fueron otorgados a los directores de los centros de trabajo autorizados y otros 42 millones de pesos más se usaron indebidamente en el pago de 11 mil 425 trabajadores por concepto de apoyos económicos, que excedieron el monto establecido en la normativa.
En Morelos, 17 instituciones sin rastro del dinero
En el caso de Morelos, que acumula un probable desfalco por 951 millones 795 mil 224.15 pesos, el monto más grande de recursos faltantes está concentrado un pliego de observaciones, en el que se señalaron irregularidades por 859 millones 76 mil 66.59 pesos, provenientes de los recursos de Participaciones Federales a los Estados.
La ASF encontró que esa cantidad de dinero se repartió entre 17 instituciones del gobierno estatal, las cuales no reportaron en qué utilizaron esos recursos.
Esas instituciones fueron el Congreso del estado, el cual no explicó en qué usó 468.5 millones de pesos; la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no reportó el uso de 15.8 millones de pesos; el Tribunal de Justicia Administrativa, que no reportó el uso de 35 millones de pesos; el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, que usó sin comprobar 18.7 millones de pesos y el Instituto de la Defensoría Pública del estado de Morelos, que no reportó en qué uso 16.1 millones de pesos.
Otras instituciones señaladas son la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Morelos, el Instituto Estatal de Educación para Adultos, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, el Fideicomiso Centro de Convenciones World Trade Center, el Museo Morelense del Arte Popular, la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, el Centro Cultural Museo Juan Soriano, el Auditorio Cultural Teopanzolco y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.
