Un tribunal federal anuló hoy las sanciones impuestas a Francisco Javier Báez Álvarez, uno de los principales involucrados en el esquema de desvíos conocido como la Estafa Maestra, quien ha ido derrotando las acusaciones en su contra.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló la multa de 158.6 millones de pesos e inhabilitación por 10 años para el servicio público impuestos a Báez Álvarez, quien fue Director General de Programación y Presupuesto de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando Rosario Robles era su titular.
La sanción fue impuesta el 16 de noviembre de 2018, dos semanas antes del final del sexenio pasado, por el Órgano Interno de Control en Sedatu, es decir, por la Secretaria de la Función Pública (SFP), y hasta ahora no había sido difundida públicamente.
Por 7 votos contra 4, la Sala Superior del TFJA resolvió que la SFP tramitó el procedimiento contra Báez con una ley que ya no era aplicable en septiembre de 2017, cuando le giró el primer oficio para requerirle un informe sobre irregularidades detectadas.
Báez, quien también trabajó para Robles en la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), dejó su cargo en Sedatu el 15 de septiembre de 2017, al día siguiente de recibir el oficio de la SFP pidiendo las aclaraciones.
Para esa fecha, explicó el Magistrado Alfredo Salgado, ya estaba vigente la Ley General de Responsabilidad Administrativas, según la cual la sanción por la conducta grave atribuida a Báez tendría que haber sido impuesta por el propio TFJA.
Sin embargo, la SFP llevó el procedimiento con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, que ya estaba derogada, pero que no estaba claro si era aplicable a conductas previas a julio de 2017.
En la minoría, la Magistrada Zulema Mosri destacó que la SFP actuó contra Báez como resultado de observaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en la revisión a la Cuenta Publica de 2015, por lo que, a su juicio, sí era aplicable la Ley Federal de Responsabilidades.
La SFP puede impugnar la sentencia del TFJA mediante revisión fiscal ante un tribunal colegiado de circuito.
En marzo de 2019, un juez federal rechazó vincular a proceso a Báez por una acusación de la Fiscalía General de la República, derivada de una presunta contratación indebida de 185 millones de pesos con la Universidad Tecnológica Francisco I. Madero.
Báez Álvarez era el brazo derecho de Emilio Zebadúa, el Oficial Mayor de Sedesol y Sedatu en tiempos de Robles, considerado el cerebro de la Estafa Maestra, por la que mas de 5 mil millones de pesos de ambas dependencias fueron destinados a contratos por servicios que, en su mayoría, no existieron.
Hasta ahora, el ex funcionario no ha enfrentado ninguna otra acusación penal, aunque, según carpetas de investigación difundidas por Grupo REFORMA en febrero de 2019, Báez Álvarez operó desde el domicilio de Tennyson 125, en Polanco, la falsificación de las firmas de distintos funcionarios de Sedatu
