Entre 2014 y 2017, Raúl Beyruti Sánchez, «El Rey del Outsourcing», recibió en una cuenta bancaria 4 millones 335 mil 705 pesos provenientes de cuatro «factureras», señala la orden de aprehensión librada en su contra.
Las empresas de papel Pioneros en Administración S.A. de C.V., Grupo de Negocios Autogestión en Soluciones S.A. de C.V., Tikhvin, S.A. de C.V., Manejo Grafico del Sur S.A. de C.V. y Glabal Crecimiento en Cuentas S. de R.L. de C.V, le hicieron los depósitos por concepto de honorarios asimilados.
Todas fueron constituidas entre el 2008 y el 2015 en San Luis Potosí, Cancún, Isla Mujeres y la Ciudad de México.
De acuerdo con el mandamiento judicial librado el pasado 12 de febrero por Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, existen indicios de que esos pagos fueron una simulación.
«Cuatro de esas empresas sí cuentan con registro patronal, pero los empleados registrados fueron dados de baja en su totalidad; en cuanto a lo material, puede observarse de los informes de investigación criminal que al menos los domicilios de dichas morales no fueron localizados, o bien, no conocidos por los vecinos de esos lugares, por lo que al no existir un lugar en el que puedan operar de acuerdo a su actividad, es incuestionable que materialmente no cumplen con su objeto», señala el juez.
«Cuatro de ellas fueron declaradas definitivamente como Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) por la autoridad hacendaria, esto es, que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) que expidieron respaldan actividades, actos de comercio y servicios inexistentes, lo que quiere decir que nunca se prestaron, lo que otorga, al menos indiciariamente, el origen ilícito de esos recursos».
El juez Ramírez Peña es el mismo que en diciembre pasado ordenó las aprehensiones de Teófilo y Rafael Zaga Tawil, y Elías Zaga Hanono –hijo de este último–, por delincuencia organizada y lavado de 5 mil 88 millones de pesos, derivado del caso Telra-Infonavit.
Además de Beyruti, el juez también ordenó las capturas de las 9 personas que constituyeron las citadas empresas.
Sus nombres son Heriberto Sánchez López, José Manuel Campos Campos, Héctor Alberto Lezama Argáez, Jorge Leonardo Muñoz Vizcaíno, Luz María Salas Solano, Jorge Francisco García Reyes, Manuel Alejandro Zepeda Álvarez, Benito Pérez López y Marco Antonio Medina Moreno.
La SEIDO también solicitó la orden de aprehensión contra José Isabel Vargas López, sin embargo, antes de que el juez de control resolviera, los fiscales federales se desistieron de la solicitud de captura.
El Servicio de Administración Tributaria incluyó en su lista de EFOS a las cinco razones sociales que le hicieron los depósitos al presidente de GINGroup.
Según la imputación, todas ellas emplearon CFDIs para respaldar actividades inexistentes, actos de comercio y servicios que nunca se prestaron.
El 17 de octubre de 2019 sólo una de ellas, Glabal Crecimiento en Cuentas S. de R.L. de C.V., desvirtuó legalmente ser una «facturera», pero el juez consideró que esto no implicaba necesariamente que no lo fuera.
«De la indagatoria se obtuvo que ésta únicamente opera en papel, ya que, al igual que las otras 4 empresas, tampoco cuenta con la infraestructura correspondiente para su operatividad, lo que se corrobora con el hecho de que 4 de las 5 empresas citadas, tienen registro patronal ante el IMSS (siendo Manejo Gráfico DEL Sur S.A. DE C.V. la que no cuenta con él), empero los empleados registrados fueron dados de baja en su totalidad, teniendo una duración no mayor a la de un año», dice el juzgador.
Según los antecedentes, esta investigación de la SEIDO inició desde el sexenio pasado, pues la carpeta de investigación tiene su origen en una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera, el 30 de octubre de 2017.
Esta orden de aprehensión contempla un delito con prisión preventiva de oficio, la delincuencia organizada, lo que significa que cualquiera que sea detenido y procesado estará preso en el Penal del Altiplano.
