Leticia Arcos comenzó a vender tamales en 2016 para pagar la carrera en Gastronomía de su hija María. Parte de los ingresos de su esposo Antonio Félix -tornero de ocupación- también se apartaba para la misma causa.
La madrugada del 31 de agosto del 2017, cerca de 30 sujetos encapuchados y con armas largas ingresaron a su vivienda en Hueypoxtla, Estado de México, para llevárselos detenidos. No traían distintivos de alguna corporación policiaca ni orden judicial, además de que no les dijeron el motivo de la captura.
Los encarcelaron en distintas instalaciones en Zumpango y hasta después supieron que se les acusaba del homicidio de una persona de nombre Raúl, a quien nunca conocieron. Tras varias audiencias, un juez los sentenció a 47 años de prisión.
Para pagar una defensa particular, las hijas de este matrimonio tuvieron que vender el patrimonio de 30 años, desde el automóvil hasta la casa… pasando por los electrodomésticos.
El representante legal recurrió a la Ley de Amnistía que recientemente comenzó a aplicarse en el Estado de México y pidió que el caso fuera revisado, pues se trataba de personas vulnerables por situación socioeconómica.
El 26 de enero, otro juez emitió sentencias absolutorias, confirmando lo que siempre dijo la familia: en su caso había más irregularidades que pruebas.
Como si fueran juzgados en el viejo sistema penal, la declaración de una persona los incriminó.
Recobraron la libertad, pero no la estabilidad y, mucho menos, la resignación. Por ahora, Antonio consiguió un trabajo como ayudante de carpintero.
Leticia asegura que no descartan contrademandar, pues quienes estuvieron involucrados tienen que hacerse responsables del daño que causaron a una familia completa por tanto tiempo.
«Ya no tenemos un patrimonio, cuando teníamos un patrimonio, teníamos una casa, ahora estamos sin nada, estamos en ceros», lamenta la mujer en entrevista con REFORMA.
«Es muy triste que gente que no comete ningún delito, que toda su vida ha trabajado, toda su vida ha tratado de hacer lo mejor que puede y que alguien, no sé por qué, diga que uno hizo algo que no cometió».
La diputada Mariana Uribe, una de las impulsoras de la Ley de Amnistía, calcula que cerca de 5 mil personas recluidas en el Edomex podrían ser beneficiadas, lo que ayudaría en lo particular -como a los Félix Arcos-, pero también sería una forma de despresurizar un sistema carcelario que tiene 30 mil internos, cuando estaba pensado para albergar sólo a 13 mil.
