Ante diputados federales, el auditor especial de desempeño de la ASF, Agustín Caso, responsable de la auditoría de sobrecosto en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), defendió la metodología empleada en ese estudio.
En su mensaje ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en San Lázaro, el auditor Caso, quien se encuentra separado del cargo, negó que haya habido dolo o motivación política en los resultados de la auditoría a la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco.
La última semana de febrero, la ASF difundió una auditoría sobre la cancelación del Aeropuerto de Texcoco que tuvo un costo estimado de al menos 331 mil 996 millones 517 mil pesos, 232 por ciento más que el monto original.
«La Auditoría Superior de la Federación se apega el debido proceso y las metodologías, aún siendo distintas, no persiguen dolo o no hay mala fe, no hay error, lo que debe haber es seguimiento. Sería una cuestión grave si en temas tan importantes de la República, con proyectos tan importantes, nosotros, que debemos velar por el buen desempeño o coadyuvar por el buen desempeño de la administración pública, actuáramos con mala fe o interés creado o partidista, lo digo con sinceridad.
«Sí estoy consciente de que estas cifras son importantes, son estimadas, deben contextualizarse, deben ponerse en un debido contexto, inclusive de comunicación social. No vengo a defender a capa y espada una cifra ni las razones de la validez de la auditoría, son ópticas distintas y procesos legales que ventilan diferencias y no son verdades excluyentes», argumentó en reunión con legisladores.
Recordó que en ningún momento hubo pliego de observaciones por daño a la hacienda pública o señalamientos de algún servidor público como tampoco promoción de sanción a servidores públicos, por lo que no hubo intencionalidad política.
Además, destacó la Secretaría de Comunicaciones y Transporte no objetó los resultados de la auditoría, y que el tiempo en que pudo hacerlo fue en la confronta de información.
Unas horas después y tras los cuestionamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la ASF reconoció «inconsistencias» y ordenó una revisión del expediente.
Ante los cuestionamientos de legisladores, el auditor Caso evitó responder respecto al reconocimiento de «inconsistencias» en dicho comunicado.
Recordó que se trata de un proceso administrativo por lo que debe de respetar el debido proceso, pero enfatizó que su argumento central era que la metodología empleada fue consistente y reconocida internacionalmente.
«Hay distintas ópticas que son igual de válidas sobre la cancelación de un proyecto de esta naturaleza: la óptica de los economistas que valoran los costos de oportunidad de los recursos públicos, y la de los contadores y financieros que valoran costos explícitos.
«Siendo un país de recursos escasos, esa restricción presupuestaria gravita para considerar desde la metodología de desempeño que exista un costo de oportunidad alto, y desde el punto de vista contable se ve el trabajo con flujos y el saldar cuentas. Los dos son consistentes, uno atiende problemas de largo plazo y otro de corto plazo», explicó.
Argumentó que el análisis contenía los costos económicos, financieros y legales, y no se trataba de una auditoría de cumplimiento financiero ni se enfocó al cumplimiento de legalidad en el uso de los recursos públicos.
Varios legisladores, incluso los aliados de Morena, que han reprochado el cálculo estimado en la auditoría sobre la cancelación del NAIM, reconocieron que el auditor Caso haya acudido a la reunión con los legisladores.
«Mi solidaridad por lo que está pasando», le dijo el diputado Ángel Porras, del PT.
