La división de Poderes, bajo ataque
Pascal Beltrán del Río
Hoy se cumplen nueve meses de que el juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa fueron asesinados en la ciudad de Colima. El 16 de junio de 2020, sujetos armados ingresaron en el domicilio de la pareja y la mataron a sangre fría. El juzgador había llevado un caso de Rubén Oseguera González, hijo del capo Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación. Bastante delicadas eran ya las condiciones en las que se desempeñaban los jueces en México como para que ahora tengan que preocuparse de qué opina el Presidente de la República sobre su trabajo.
Desde el viernes pasado, Andrés Manuel López Obrador y su secretaria de Energía, Rocío Nahle, se lanzaron en contra del juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, quien otorgó una suspensión en contra de la recién promulgada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
En sus primeras declaraciones sobre el tema, López Obrador dijo que Gómez Fierro había actuado “como empleado de las empresas particulares” y demandó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) “haga una revisión” de su proceder, mientras que Nahle afirmó que el juez no tenía “ni idea” y que había otorgado la suspensión “como si fuera nada más una ventanilla de recepción”. El sábado a mediodía, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, colocó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Las y los jueces actúan con independencia y autonomía. El CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre (deben ser) respetados bajo la óptica de la independencia judicial”.
Ayer, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador leyó una carta dirigida a Zaldívar, en la que formalizó su petición de que el Consejo de la Judicatura —que preside el propio ministro— “lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio”. Agrega la carta: “Alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos; en especial, de los más pobres (…) Sería lamentable que, después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de derecho, pues, en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República”.
Horas más tarde, el CJF difundió la respuesta de Zaldívar a López Obrador. Luego de informar que la “queja” presidencial “será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera”, el ministro presidente recordó que “es presupuesto de la democracia y el Estado de derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia”.
Era innecesario hacer público este intercambio. De darse una sanción contra el juez, la lectura inevitable será que el Poder Ejecutivo se impuso al Judicial. Si el Presidente estaba inconforme con la resolución del juez, el marco legal contiene mecanismos para resolver el diferendo. Entre sus señalamientos contra el juez, López Obrador dijo ayer que Gómez Fierro había otorgado la suspensión con gran velocidad. “Hay quienes solicitan la protección de la justicia, y tardan en ser atendidos, pero aquí fue vía rápida”, afirmó. Eso sí, nada dijo sobre el brevísimo tiempo que tomó a los legisladores del oficialismo —apenas 30 días— aprobar la iniciativa de reforma que fue enviada por el Presidente como iniciativa preferente.
Atacar a un juez desde la tribuna del Presidente puede inhibir a otros juzgadores de cumplir su obligación de hacer valer las leyes y la Constitución. Lo que está en juego es la división de Poderes, propuesta por Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes. Para evitar “la experiencia eterna de que todo hombre con poder está destinado a abusar de él”, escribió el pensador, es necesario “que el poder detenga al poder”.
