La Fiscalía General de la República (FGR) mantendrá en su esfera de influencia los mecanismos de protección de los derechos humanos.
Con el único voto en contra del independiente Emilio Álvarez Icaza, el pleno del Senado aprobó en lo general, con 118 votos en favor y cero abstenciones, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República impulsada por su titular, Alejandro Gertz, que en las últimas horas dio su brazo a torcer para que avanzara el proyecto.
Horas antes de que el tema se discutiera en el pleno, con el visto bueno del Fiscal, los grupos parlamentarios alcanzaron el acuerdo para que la FGR no se desmarcara de los mecanismos de protección de los derechos humanos, como lo habían reclamado colectivos y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
El jefe de Morena, el senador Ricardo Monreal, hubo de reconocer la «flexibilidad y sensibilidad» que asumió Gertz Manero en las últimas horas.
«Estuve conversando con él (Alejandro Gertz) en las últimas horas y logramos este consenso», contó Monreal.
Antes de que fuese modificado el dictamen, el que la FGR pudiese desmarcarse del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes; del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y de la Junta de Gobierno de protección de periodistas, había generado protestas de colectivos promotores de la defensa de los derechos humanos.
De hecho, en el adendum que se incorporó viene señalada la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
Con arreglo al dictamen aprobado, la FGR quedará establecida como un órgano autónomo que abanderará la verdad y la justicia, la reparación integral del daño a las víctimas, amén de que se ha construido una estructura orgánica funcional, acorde a las atribuciones especializadas que constitucionalmente se encomiendan al Ministerio Público de la Federación, en vez de una estructura rígida que no corresponde con las necesidades de su operación institucional.
El dictamen considera la creación de un Plan Estratégico de Procuración de Justicia que determinará las estrategias para la investigación y persecución del delito.
«Creo que es un buen producto. (…) En nuestro grupo parlamentario había inquietudes, pero hoy hay una actitud de beneplácito», resumió Ricardo Monreal.
El panista Damián Zepeda coincidiría con Monreal. «El día de hoy es un buen día para el Senado de la República, es un buen día porque estamos haciendo algo positivo en uno de los temas más importantes para la sociedad, que es la justicia», celebró.
«Sin ser perfecta, hoy podemos con mucho gusto decir que consideramos que tenemos una mejor ley», resumió. Zepeda dijo que se habían fortalecido los esquemas de rendición de cuentas, de participación ciudadana; también, el esquema de informe anual que la FGR presenta al Senado.
Por el Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda explicó que había decidido votar en contra pero que, con la incorporación de la adenda, cambió de opinión.
«Fuimos testigos de esos estrujantes testimonios de familias que siguen buscando a sus familiares; por eso, el plantear que la Fiscalía saliera (de los mecanismos de protección de derechos humanos), era humana y moralmente inaceptable», planteó.
La priista Claudia Ruiz Massieu anunció el voto en favor del grupo tricolor, a pesar, dijo, «de las insuficiencias que aún persisten en el dictamen: una concentración injustificada de las facultades del Fiscal General o la intención de facultar a la institución para que expida disposiciones para normar su propia actuación en ámbitos administrativos como la adjudicación de contratos de arrendamiento y obra pública».
Por el PRD, el senador Miguel Ángel Mancera saludó la aprobación de un dictamen que hará de la Fiscalía una entidad «sólida y que sirva para la procuración de justicia, con una mayor autonomía que garantizará la independencia técnica y funcional de los fiscales especializados».
El independiente Emilio Álvarez Icaza votó en contra tras alegar que no se tomó en cuenta la participación de los colectivos.
«Quedamos a deber en materia de legitimidad. Los ejercicios de participación se están haciendo cada vez más débiles», cuestionó.
Tras la discusión de las reservas, la nueva ley fue aprobada en lo general y lo particular, y será turnada a la Cámara de Diputados.
