Los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro consideran, en un estudio preliminar, que la reforma legal para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas es inconstitucional.
Lo anterior han afirmado al suspender, con efectos generales, las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) ordenadas por el Presidente López Obrador.
Los dos argumentos centrales de los jueces son la afectación a la libre competencia y concurrencia en la generación de electricidad, y daños al medio ambiente, por marginar las plantas privadas de energías renovables.
«Para que estos mercados operen bajo una dinámica de competencia en beneficio de las empresas y consumidores finales, es indispensable la concurrencia de diversos participantes, circunstancia que no podría acontecer si se permite que se aplique una normatividad que impone barreras para ingresar al mercado eléctrico mayorista, otorga ventajas competitivas para ciertos participantes de dicho mercado, genera incertidumbre para los particulares que ya cuentan con algún permiso para realizar alguna actividad regulada, modifica de manera repentina las reglas bajo las cuales venía operando el sector y desincentiva la inversión en el sector eléctrico, al suprimir los derechos adquiridos bajo la vigencia de legislación anterior», explicó Gómez Fierro.
«De forma preliminar se advierte que existe la posibilidad de que las quejosas demuestren que es contrario al texto Constitucional, que la CFE recupere una posición de agente preponderante en el sector, y no sea un participante más del mercado, lo que merma los motivos sustanciales de la reforma Constitucional, dado que una premisa fundamental de la reforma energética, alegadamente, era someter a la CFE a una regulación asimétrica, y así abrir al libre mercado la generación y comercialización de energía», agregó De la Peza.
En materia ambiental, Gómez Fierro detalló los muchos compromisos y tratados internacionales asumidos por México, entre ellos, el de generar 43 por ciento de su energía de fuentes renovables para 2030.
«Si las normas reclamadas fomentan la operación de centrales convencionales y desplazan a las fuentes de energías limpias, es posible concluir, preliminarmente, que la ejecución de dichas disposiciones podría llegar a afectar el medio ambiente y el cumplimiento de los compromisos internacionales», expuso.
«Sin prejuzgar sobre la legalidad, Constitucionalidad o convencionalidad de los actos reclamados, es menos grave que la autoridad responsable continúe aplicando la legislación anterior, que permitir la implementación de la nueva regulación que, de demostrarse que activa una barrera a la entrada en el mercado, podría generar una afectación al medio ambiente y a la salud de las personas, ante la probable prevalencia de generación de energía con base en combustibles fósiles», consideró De la Peza.
a reforma a la LIE ordena al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dar prioridad en el despacho a las plantas de la CFE, muchas de ellas de carbón, combustóleo y gas natural, afectando los productores privados, tanto de energías renovables como convencionales.
En su parte transitoria, la reforma amenaza a los productores que cuentan con permisos de autoabastecimiento «obtenidos en fraude a la ley», y advierte que se renegociarán contratos con productores privados que venden solo a la CFE.
