Con diez votos en favor, uno en contra del PRI y una abstención de MC, la Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó la desaparición de las cinco salas anticorrupción que aún forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
La Comisión desempolvó una iniciativa de la entonces senadora Olga Sánchez Cordero. De hecho, ninguna de las cinco salas especializadas en materia de responsabilidad administrativa opera hoy en día, luego de que no se nombró a los magistrados que las presidirían.
El proceso de selección está incompleto desde 2017 y, según se indica en el dictamen aprobado, no es viable continuar con el proceso porque tiene un vicio jurídico de origen en tanto que la Constitución nunca previó la existencia de salas especializadas.
«Sino únicamente, la existencia de una Tercera Sección, integrante de la Sala Superior, encargada de ejercer la competencia de responsabilidades administrativas», aseveró.
Desde esa perspectiva, tal y como quedó asentado en el dictamen, se propone que sólo sean nombrados los tres Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para la competencia de responsabilidades administrativas.
«(se establece) la pertinencia de precisar que la Sección Tercera será competente en materia de Responsabilidades Administrativas para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades».
Por el PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu objetó la desaparición de las cinco salas –creadas durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto– al argumentar que no era cierto que no tuviese «asidero constitucional».
«La Constitución sí prevé la existencia de Salas Especializadas», sostuvo, «se busca suprimir algo que no ha acabado. El Sistema Nacional Anticorrupción no se ha acabado de instrumentar», alegó.
Por añadidura, la ex lideresa tricolor aseguró que no había habido apoyos para respaldar el Sistema.
El panista Damián Zepeda dijo estar de acuerdo en que no había razón alguna para sostener que no se tenía sustento constitucional, pero hizo notar que la conformación de las cinco salas obedecía a una lógica de «reparto de cuotas».
«Podría haber tribunales a modo en vez de una sala sólida», repuso.
