A invitación de Andrés Manuel López Obrador, el Presidente de Bolivia, Luis Arce, inicia hoy una visita oficial a México.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presumió que Arce regresa a México como jefe de Estado luego que se le diera asilo político en octubre de 2019 ante el golpe de Estado en Bolivia.
«El Presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá al mandatario boliviano en Palacio Nacional, donde conversarán sobre diversos temas de la agenda bilateral y regional, materia en la cual México y Bolivia mantienen amplias coincidencias; en particular, con respecto a la visión de integración latinoamericana y la búsqueda de la unidad regional», indicó la SRE.
Luis Arce participará como invitado de honor y orador distinguido en la conmemoración del Día de la Victoria de Chakán Putum, que se realizará el jueves en Champotón, Campeche.
Mañana, tras participar en la conferencia matutina y reunirse luego en privado con Lopez Obrador, Arce irá al Bosque de Chapultepec donde depositará una ofrenda en el Altar a la Patria.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento será nombrado huésped distinguido y sostendrá reuniones con funcionarios como el Canciller Marcelo Ebrard.
Además acudirá al Senado donde se realizará una sesión solemne en su honor.
Arce llega a México, mientras su Gobierno enfrenta cuestionamientos de la la comunidad internacional por la detención preventiva de su predecesora. Arce viajó al mediodía y entregó el bastón de mando al vicepresidente David Choquehuanca, quien estará a cargo del país por tres días.
Horas antes de la partida de Arce, la ex Presidenta interina Jeanine Áñez denunció a través de Twitter desde la cárcel, donde está detenida preventivamente desde hace una semana, que se está «atentando contra su salud» porque no fue llevada a una clínica para recibir atención médica por su cuadro de hipertensión.
«No confío en los médicos del Gobierno, ellos son parte del sistema de abuso y represión y ya han demostrado que están dispuestos a arriesgar mi vida inyectándome medicación de alto riesgo sin precauciones, ni estudios previos, sólo con el fin de mantenerme en sus celdas», se lee en la foto de la carta escrita a mano.
Mientras, la oposición y partidarios de Arce y el ex Presidente Evo Morales mantenían una pulseada en las calles. Ambos bandos realizaron concentraciones numerosas para exigir justicia.
La Oposición pidió la liberación de Áñez y de sus exministros y los seguidores a Arce que se la juzgue por las muertes ocurridas durante su gobierno tras la crisis política y social que se desató en 2019 y que dejó 36 muertos.
Áñez está acusada de promover un supuesto golpe de Estado contra Morales junto a varios líderes políticos. Tanto Áñez como otros opositores han rechazado la acusación y señalaron a Arce y a Morales de desatar una «persecución judicial» por venganza. Arce ha rechazado esas acusaciones.
El lunes por la noche el Ministerio Público admitió tres juicios contra Áñez por un préstamo presuntamente inconstitucional contraído con del Fondo Monetario Internacional, por la supuesta violación de la libertad de expresión durante la cuarentena impuesta por la pandemia de Covid-19 y por presunta violación de los derechos humanos.
En medio de denuncias de un presunto fraude en los comicios de octubre de 2019 en los que Morales buscaba su cuarto mandato consecutivo, el entonces Mandatario renunció y se asiló primero en México y luego en Argentina. Áñez, entonces senadora de la oposición, asumió el cargo interinamente. Morales retornó a Bolivia después de que Arce juró como Presidente.
Arce ha conseguido apoyo político en sus países amigos como México, Cuba y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), pero ha sido cuestionado por los organismos internacionales.
La semana pasada el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, habló con el Gobernante y le remarcó la importancia de respetar los derechos humanos y las condiciones de detención de los arrestados.
El mismo pedido fue realizado por la Unión Europea, la organización internacional Human Rights Watch y la Organización de Estados Americanos (OEA). Este último generó el rechazo de la Cancillería boliviana.
