Dos trabajadoras migrantes presentaron por primera vez una queja bajo el acuerdo comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC) para denunciar discriminación por su género en los procesos de reclutamiento para acceder a visas de empleo y violencia en centros de trabajo.
Maritza Pérez y Adareli Ponce denunciaron haber sufrido discriminación en sus empleos en la industria agrícola debido a la incapacidad del Gobierno de EU de hacer «cumplir efectivamente sus leyes laborales nacionales en concordancia con el Capítulo 23 del T-MEC», según la queja.
Ambas mujeres, y las coaliciones que las apoyan, afirman que son relegadas durante procesos de reclutamiento y empleo en visas H-2A, por lo que exigen que se hagan cumplir las leyes y el T-MEC.
«Yo realmente sí exijo como un cambio porque somos muchas mujeres que buscamos esa oportunidad y las poquitas que hay están sufriendo muchísimo», dijo en conferencia de prensa virtual Adareli Ponce.
«Yo quisiera que el Gobierno de Estados Unidos acepte esta petición y que el Gobierno de México presione a Estados Unidos».
Las visas tipo H-2A son permisos laborales para que extranjeros puedan ir a Estados Unidos a realizar trabajos temporales en agricultura. Los empleadores en EU son los encargados de gestionar y presentar a las autoridades migratorias de ese país las peticiones a nombre de los empleados.
Según la denuncia, que es apoyada por el Centro de los Derechos del Migrante (CDM), el Gobierno de Estados Unidos está violando varias secciones del artículo 23 del T-MEC, en particular las correspondientes a Derechos Laborales, Aplicación de las Leyes Laborales, Violencia contra Trabajadores, Trabajadores Migrantes, Discriminación en el Centro de Trabajo y Concientización Pública y Garantías Procesales.
A las trabajadoras migrantes en Estados Unidos se les niegan trabajos, tienen roles con salarios más bajos y están expuestas a la violencia de género, denunció por su parte el CDM.
Ponce denunció además que hay discriminación contra las mujeres embarazadas, pues en los procesos de reclutamiento se les exigen pruebas de orina y, en caso de detectar el embarazo, son rechazadas.
«Somos trabajadoras migrantes, somos madres, somos hijas», dijo Ponce al exigir que proceda su petición, «no somos el sexo débil como ellos nos califican».
Ahora corresponde al Gobierno mexicano revisar la queja y determinar si procede. El CDM pide que si la denuncia es aceptada se tomen medidas de cooperación entre México para ahora revisar el tema con EU.
En tanto, Ponce quien luego de haber trabajado en EU en una fábrica donde tenía un salario menor al de hombres, está en México buscando acceder a una visa H-2A «con la mira de encontrar una oportunidad para regresar a trabajar a Estados Unidos», pero afirma que las mujeres también se exponen al fraude.
«Desde el año 2014 yo he estado aplicando para visas de trabajo, he estado buscando oportunidades y no las hay», relató. «Mi historia es igual que la de muchas mujeres, que igual estamos en la lucha, que estamos buscando esa oportunidad».
