Por José Buendía Hegewisch
INE frena mayorías artificiales, ¿resistirá?
Los frenos a la concentración del poder presidencial, como los jueces o el INE, están funcionando, a pesar del desgaste por omisiones pasadas y ataques del gobierno. Ambos han sido objeto de descalificación, unos por la suspensión de la Ley Eléctrica, y el otro, por entrar a regular la sobrerrepresentación en el Congreso, pero parecen aguantar la presión. Si bien los golpes discursivos son difíciles de encajar para muchas autoridades, los frentes abiertos por la estrategia oficial de confrontación dejan ver también márgenes para poner límites y balances a Palacio Nacional, porque, de no hacer valer los contrapesos, el árbitro electoral o los jueces tendrían mucha dificultad para mantener neutralidad y credibilidad.
En víspera de la elección más grande de la historia del país, los enfrentamientos con el sector energético, jueces o el INE convergen en un mismo punto: ganar la mayoría en el Congreso para asegurar el control presidencial en el Legislativo. La plaza se libra como madre de todas batallas para el futuro de la 4T y, para la oposición, como última oportunidad de restablecer el equilibrio de poder en el sexenio. El discurso del Presidente ha profundizado las últimas semanas su tono rupturista para marcar los términos de la lucha política antes de que lo silencie la veda electoral, aunque el precio de frenar su estrategia sea el acoso o la marginación. A su partido y candidatos corresponderá ahora llevar la confrontación a las campañas en clave del discurso presidencial e impedir que el INE cambie las reglas que puedan resultar desfavorables para la conformación del Congreso.
Como todo ello augura, de la extrema polarización será difícil rescatar el diálogo y la reconciliación tras una campaña altamente disruptiva. De la que el gobierno preferiría borrar al arbitró, como muestra su ausencia en la firma del Acuerdo por la Democracia con los gobernadores por la limpieza electoral, no obstante ser su atribución legal. En ese marco, el INE acordó corregir el mecanismo de asignación de diputados plurinominales para evitar mayorías artificiales en el Congreso por encima del 8% de sobrerrepresentación que permite la Constitución, como ha ocurrido en las últimas tres elecciones federales sin que hubiera actuado. La preocupación por evitar la distorsión entre votos y curules en el Congreso cobró fuerza en 2018, en el caso extremo de la mayoría de Morena casi al doble del umbral constitucional, pero la violación también ocurrió en 2012 y 2015 a favor del PRI. Ahora la iniciativa del INE observa el riesgo de que la confrontación política derive en la negativa de los perdedores a aceptar la derrota o la tentativa de crear una mayoría desproporcionada fuera de las urnas, pero genera incertidumbre por llevarla a cabo de último momento.
Para anticiparse a ese riesgo, Morena impugnó el acuerdo ante el Tribunal Electoral y acusa al INE de sesgo político para impedir que gane la mayoría en el Congreso, aunque los resultados de las urnas no se conozcan. Pero, de no hacerse ahora, el árbitro tendría que seguir avalando una violación constitucional o aplicar otro mecanismo de reparto con el ganador en la mesa, lo que convalidaría el cuestionamiento de intencionalidad política. Esa omisión debilita su rol de garante de la Constitución en la integración de la representación popular y freno de la lucha política entre partidos, pero Morena le reclama que la regulación corresponde al Congreso. Tampoco lo hicieron, a pesar de que lo discutieron.
En todo caso, la acción del INE, como las de los jueces, camina en dirección de rescatar el papel de los contrapesos frente a la concentración de poder del gobierno y su partido. En la reforma eléctrica, los jueces obligaron a suspenderla tras aceptar más de 70 impugnaciones. Mientras que el INE ha decidido tomar su responsabilidad para cuidar la equidad y evitar la distorsión de partidos y candidatos, aunque, en ambos casos, la decisión está en manos de los tribunales.
El funcionamiento de estos amortiguadores es imprescindible para evitar que los conflictos acaben en rupturas o en la imposición de la agenda del proyecto presidencial sobre el resto. Son una frontera para evitar que la vida política del país se resuelva sólo en Palacio Nacional y que las omisiones de otros poderes les impidan, cada vez más, poner límites a la concentración del mando fuerte de la Presidencia.
