Sin definir cómo pretende intervenir, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que su Administración analiza incrementar la participación del Estado en la explotación de litio.
Conocido como el «oro blanco» o «petróleo del futuro», el litio es utilizado en nuevas tecnologías para celulares, baterías para coches eléctricos y medicamentos, y muchos de los yacimientos ya fueron concesionados a particulares.
Especialistas en el sector dudan de las posibilidades gubernamentales para participar en esa industria.
«Vamos a seguir revisando la importancia para nuestra economía de este recurso natural», expresó en su conferencia de prensa matutina el Mandatario, quien fue cuestionado en particular sobre el yacimiento de Bacadéhuachi, Sonora, considerado hasta ahora el más importante en el mundo y en donde empresas con accionistas de Canadá, China y Japón recibieron las concesiones para su explotación.
Desde 2012, la minera canadiense Bacanora Minerals Ltd y la china Ganfeng Lithium Ltd, obtuvieron 10 concesiones, con vigencia de 50 años, para explorar y explotar 100 mil hectáreas en Bacadéhuachi, Sonora, y para ello conformaron el consorcio Sonora Lithium. La japonesa Hanwa aportó después 25 millones de dólares de capital.
Las reservas probables y probadas de este proyecto suman 243 millones de toneladas, correspondientes a 4.5 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente. La firma Mining Tecnology lo posiciona como el proyecto individual con más reservas en el mundo.
El plan de inversión de la empresa calcula costos de producción menores a 4 mil dólares por tonelada, uno de los más bajos en la industria.
La fase exploratoria del proyecto costó 420 millones de dólares y el plan es comenzar a producir en 2022.
Prevé una inversión de 800 millones de dólares en los próximos tres años y 2 mil millones en total para toda la década.
Voceros de la empresa explicaron que la explotación de litio es difícil y dudaron que el Gobierno mexicano cuente con la capacidad y el capital para su explotación.
«Es un proyecto tecnológicamente complejo y casi sin precedentes, porque hay que sacar el litio del lodo que está allá, cosas que no se han hecho antes. No es algo trivial se requiere mucho dinero y mucha experiencia», aseguraron.
«Este proyecto requiere muchísimo conocimiento que tienen las dos grandes en el mundo (Ganfeng y Hanwa) y muchísimo capital, son cosas que el Gobierno en sí mismo no tiene», afirmaron las fuentes.
Especialistas coincidieron que el Gobierno no tiene la capacidad para explotar el mineral, en caso de que expropie.
México tiene el Servicio Geológico Mexicano (SGM), que identifica y cuantifica recursos minerales potenciales, pero no un instituto o empresa pública encargada de la explotación, dijo Sergio Almazán, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).
Si el Gobierno decidiera expropiar, la empresa que tuviera actividad económica en el litio podría solicitar una indemnización al Gobierno mexicano por daños y perjuicios, la cifra exigida por la empresa podría superar al monto invertido, comentó Alberto Vázquez, abogado de VHG.
