Por Ivonne Melgar
Félix, Morón y Clara Luz; candidatos en problemas
¿Por qué una consejera que siempre votaba en contra de medidas consideradas adversas por Morena se sumó a la penalización de Salgado Macedonio?
Los tropiezos de los candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero, Michoacán y Nuevo León convierten las elecciones en un duelo entre el avance del cambio ofrecido en 2018 y la realidad. De ahí las tensiones permanentes con el INE, un árbitro que, a pesar de la exclusión del Acuerdo por la Democracia que, a convocatoria de López Obrador, la mayoría de los gobernadores firmó, tiene un rol central en la regulación de la contienda y en los castigos a candidatos que se saltan la ley.
El hecho de que este jueves la pérdida de registro o su cancelación se concentrara en 42 precandidaturas de Morena —de un total de 49 sancionados— se explica porque en ese partido pretendieron negar la existencia de las precampañas aun cuando hubo documentado proselitismo de aspirantes a cargos de elección.
Inmersos en la ola de renombrar procesos o situaciones conceptualizadas en la normatividad vigente, tanto la dirigencia de Mario Delgado, como los aspirantes morenistas de Michoacán, Raúl Morón, y de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, asumieron que, mediante el discurso de “nosotros no hacemos precampaña”, podían evadir la fiscalización de gastos que sí realizaron en actos que, según la ley, corresponden a lo que ellos no pronuncian.
Otra narrativa que se ha estrellado con la realidad es el prejuicio en contra del presidente Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama como artífices de las medidas electorales que molestan al gobierno. Pero las votaciones del INE para quitarle el registro a Morón y la candidatura a Salgado Macedonio muestran que se trata de decisiones colegiadas.
Hay un dato adicional en las votaciones de los 11 consejeros que estaría revelando cómo las fisuras de Morena se acentúan cuando la realidad se impone: mientras para castigar al michoacano hubo seis a favor (Lorenzo Córdova, Carla Humphrey, Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala), la cancelación de la candidatura del guerrerense se avaló con siete, debido a la adhesión de Norma de la Cruz.
¿Por qué una consejera que siempre había votado en contra de cualquier medida considerada como adversa por Morena esta vez se sumó a la penalización de Salgado Macedonio?
Acaso porque De la Cruz encontró en esta coyuntura la vía para manifestarse como lo hicieron centenares de mujeres, morenistas incluidas, que solicitaron retirar a ese candidato por las denuncias de acoso sexual. O tal vez contó la cercanía con quien fuera uno de sus principales promotores al INE durante la selección de cuatro relevos en 2020, el doctor John Ackerman, cuñado del precandidato perdedor en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval.
Valga este dato anecdótico para destacar que esa renovación del Consejo Electoral, definida el año pasado por la mayoría morenista y sus aliados en la Cámara de Diputados, no se tradujo en una afinidad del árbitro electoral con el discurso que sobre el ejercicio del voto sostiene el gobierno. Por el contrario: a juzgar por las acciones colegiadas definidas recientemente, como la de evitar la sobrerrepresentación legislativa, el INE ha fortalecido su autonomía, convirtiéndose en un dique de conductas ajenas a la legalidad institucional existente.
Y si bien —como buena representante del viejo régimen que la autoproclama Cuarta Transformación asegura estar desmontando— Clara Luz Flores sí cumplió con la fiscalización de la precampaña, sus tropiezos por la gubernatura de Nuevo León son los mismos que han tenido los candidatos desde que la competencia en las urnas se estableció en México: evidencias de historias personales no confesadas y de relaciones con actores ligados a situaciones de corrupción.
El caso de la exalcaldesa de Escobedo por el PRI y ahora abanderada morenista en esa entidad ilustra tres fenómenos electorales que podrían marcar este 2021:
Uno: la falta de confianza del partido del presidente López Obrador en sus cuadros fundadores cuando de ganar votos se trata, tendencia que frena la renovación de la clase política.
Dos: la dificultad de los conversos para hacer suya la narrativa polarizadora de Palacio Nacional y, más todavía, cuando se trata de Nuevo León, reticente a Morena, según datos de 2018.
Y tres: las indulgencias presidenciales a quienes se formaron en el PRI o PAN no son suficientes para eliminar el pasado que siempre pesa en las campañas electorales.
