WASHINGTON, EU.-El Gobierno de Estados Unidos aseguró estar comprometido a defender un trato justo a las compañías estadounidenses en el sector energético mexicano, y a exigir que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con sus compromisos bajo el T-MEC.
En medio de lo que consideró un deterioro en el clima de inversión, la Oficina de la Representante Comercial de EU (USTR, en inglés) dijo haber expresado al Gobierno mexicano sus preocupaciones por decisiones en el sector energético tomadas en 2020.
En su reporte anual sobre barreras comerciales en el mundo –y que dedica a México varias páginas– la oficina liderada por la Embajadora Katherine Tai hace referencia al memorando de julio de 2020 en el que se establecen límites a la participación privada en el sector energético.
«Según informes, el Gobierno mexicano ha instado a los reguladores de la energía a restaurar el control estatal sobre el sector energético y evitar que las empresas estatales de energía pierdan participación de mercado frente a las empresas privadas», asegura el Gobierno estadounidense.
Exclusivamente dedicado a cubrir asuntos ocurridos en 2020, el reporte del USTR no hace referencia a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica ni a la reciente iniciativa para modificar la Ley de Hidrocarburos.
Sin embargo, hace eco de las preocupaciones expresadas en 2020 por poderosas asociaciones del sector –como el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) y la Asociación de Fabricantes de Combustibles y Petroquímicos (AFPM)– sobre trabas del Gobierno mexicano.
«A lo largo de 2020, las empresas de energía de EU se han quejado de retrasos significativos en los permisos, aplicación discriminatoria de las regulaciones y falta de notificación con respecto a los cambios regulatorios y de políticas», asegura.
El documento hace mención de otros acontecimientos en el sector energético ocurridos en la administración del Presidente López Obrador incluyendo la decisión de cancelar las rondas de licitaciones de exploración petrolera y la presión para renegociar contratos de gasoductos en 2019.
También denuncia barreras a las exportaciones estadounidenses incluyendo el retraso para la autorización de productos biotecnológicos en agricultura por parte de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
El USTR hace mención, asimismo, de nuevas disposiciones aduaneras establecidas sin mayor anuncio, así como compras gubernamentales en sectores como el farmacéutico, entre otros, donde consideran que el Gobierno mexicano pudiera estar infringiendo normas internacionales.
