México está proponiendo cambios en la Ley de Hidrocarburos del país y revisará los permisos otorgados a los minoristas porque algunos operadores de gasolineras no están trasladando los subsidios a los consumidores, esto después de un repunte en los precios internacionales del petróleo.
“Hay un estímulo fiscal que mantiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este momento, y hay algunos expendedores de gasolina que absorben el estímulo, con lo cual aumentan sus márgenes de ganancia considerablemente”, dijo Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía, en una entrevista escrita a Bloomberg. “Vamos a revisar sus permisos y actuar en consecuencia”, añadió.
Las críticas de Nahle a los operadores de gasolineras se producen justo cuando el Congreso ha comenzado a debatir un proyecto de ley propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador que daría a Pemex un mayor control sobre el mercado de combustibles, que fue liberado con la pasada reforma energética.
Este proyecto de ley es el paso más atrevido del Gobierno de AMLO para revertir las reformas que atrajeron las inversiones de Royal Dutch Shell, BP, Chevron y Exxon Mobil en la distribución de combustible.
Por primera vez en casi un año, el pasado mes de febrero la Secretaría de Hacienda devolvió una exención fiscal para el diésel y la gasolina, con el fin de amortiguar el impacto del aumento de los precios internacionales del petróleo. En las últimas semanas, sin embargo, México ha visto un aumento de los precios en las gasolineras: la Premium, por ejemplo, alcanzó un récord de 25.50 pesos por litro a finales de marzo, según la Profeco.
Nahle comentó en un tuit el lunes que el Gobierno pretendía poner “en orden” los precios de los combustibles.
Si se aprueba, el proyecto de ley del Gobierno de AMLO reformaría la Ley de Hidrocarburos del país y ampliaría el control gubernamental sobre la distribución, importación y comercialización de combustibles. Permitiría la suspensión de permisos por motivos de seguridad nacional o energética, y también permitiría a Pemex tomar el control de las instalaciones cuyos permisos hayan sido suspendidos.
La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) ha dicho que la propuesta contradice la Constitución, y que la “subjetividad” podría guiar la aplicación de sanciones extremas a las empresas de combustible por parte del Gobierno.
Nahle señaló en la entrevista escrita que el proyecto de ley “nos permitirá cancelar los permisos en los que se hayan cometido actos ilegales, así como las gasolineras que cometan delitos o especulen”.
