La Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal imponerle la prisión preventiva justificada al ex senador panista Jorge Luis Lavalle por el caso donde le imputan recibir sobornos de Emilio Lozoya para aprobar la reforma energética, derivado del caso Odebrecht.
En una audiencia por videoconferencia, los fiscales federales hicieron su solicitud a Marco Antonio Fuerte, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, al estimar que existe el riesgo fundado de que el campechano pueda darse a la fuga.
Lavalle solicitó al juez duplicar el término legal para definir su situación jurídica, para que sea a más tardar el próximo miércoles cuando determine si lo vincula o no a proceso por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado, que no prevén la prisión automática.
Pero el juez debe resolver en las próximas horas la medida cautelar del panista, es decir, si se queda o no en la cárcel por lo menos hasta la siguiente semana, en la que se decide si es o no procesado.
Para la FGR, este caso puede sentar un precedente en un escenario inédito hasta ahora, pues la audiencia se lleva a cabo vía remota y, en caso de dictarse la prisión preventiva justificada, tendría que ubicar y solicitar una orden de cateo para entrar al inmueble desde el que Lavalle se conectó a la videoconferencia.
Enseguida deberá asegurarlo y trasladarlo hasta el Reclusorio Norte para ingresarlo. Pero de momento, se desconoce oficialmente del lugar desde el que Lavalle compareció ante el juez. No se ha informado siquiera desde qué entidad federativa lo hizo.
La imputación contra Lavalle tiene como punto de partida la denuncia que Lozoya presentó el 11 de agosto ante la Fiscalía y que dio lugar al inicio de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020.
El ex director de Pemex acusa en su querella a 16 políticos y ex altos funcionarios como los ex Presidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, así como ex senadores como Francisco Cabeza de Vaca y ex candidatos presidenciales como Ricardo Anaya y José Antonio Meade.
A grandes rasgos, Lozoya afirma que los sobornos que recibió de Odebrecht a su vez los empleó para sobornar a legisladores del PRI y del PAN para que aprobaran las reformas estructurales, la energética, principalmente.
Lavalle es uno de los entonces senadores que acusa como receptores de ese dinero, aunque Lozoya no precisa cantidades.
Pero Rafael Caraveo Opengo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado y ex subordinado de Lavalle, declaró que fueron por lo menos 25 millones de pesos, dinero que asegura haber recibido en 15 maletas a nombre del senador.
Cuando acudió ante la FGR, Caraveo refirió dos entregas importantes, una de 13 y otra de 12 millones de pesos, recursos que –según su dicho– financiaron campañas electorales del PAN.
El ahora imputado rechazó desde el año pasado las acusaciones y recientemente ha manifestado que se presentará ante la justicia para «evidenciar las mentiras que el delincuente confeso Lozoya ha dicho sobre mí».
