La plataforma mediática Latinus, en un comunicado titulado “Al costo que sea” el 30 de marzo, señaló que es binacional, basada en Delaware, y que está al corriente en todas sus obligaciones.
Tambien advirtió que si el gobierno de la 4T los quería investigar, “inicien gestiones en los Estados Unidos para hacerlo”. La posición corporativa fue retuiteada por varios de sus periodistas.
Sus diferencias crecieron esta semana, dado el tiempo que el Presidente, desde su conferencia, dedicó al “montaje” que su principal periodista, Carlos Loret de Mola, publicó hace más de una década.
Loret ha dicho que no tuvo conocimiento de que se trataba de un montaje, al estar transmitiendo en vivo desde su entonces informativo y no tener acceso a las señales de la unidad remota que las mandaba.
Pero más allá de dimes y diretes, la 4T sí investiga el origen de los recursos de Latinus, que vendrían no tanto de la publicidad o los patrocinios tradicionales, como sucede con el grueso de los medios.
Los sabuesos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que comanda Santiago Nieto, han detectado millonarias transferencias de empresas que reciben recursos públicos del gobierno de Michoacán para temas de salud.
Salud Integral y Samedic son dos empresas estratégicas en ese entramado. La primera recibió el año pasado más de 115 millones de pesos y la otra, en tan solo un par de años, más de 420 millones.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), que comanda Raquel Buenrostro, ya está indagando a funcionarios públicos de gobiernos estatales que asignaron dichos contratos.
En los medios se comentan los elevados salarios que Latinus paga a reporteros y periodistas, buena parte de ellos recientemente fichados de otros, con ofertas inigualables por cualquier medio mexicano.
El problema que se le viene al medio binacional, más alla del periodismo que realiza, es ¿de dónde vienen sus recursos? No es un tema menor y cualquier periodista debería conocer el origen de sus pagos.
No vaya a ser que efectivamente el buen periodismo de investigación de Latinus quede desacreditado al ser fondeado con recursos provenientes de actos de corrupción, que tanto la UIF como el SAT tratan de acreditar.
Así que se abre un nuevo capítulo en esta tortuosa relación donde el nombre del juego se llamará fiscalización, cuyo punto de partida apunta al gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán.
La hebra que los sabuesos de la 4T ya jalan se llama Miguel Alonso Olamendi, quien fuera secretario particular del gobernador Aureoles y su representante en la Ciudad de México.
Se tiene documentado que era quien, realmente, asignaba la mayoría de esos millonarios contratos públicos.
