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Especial
En conferencia de prensa, representantes legales del Sindicato Minero Metalúrgico de la República Mexicana informaron que ni la organización sindical, ni su líder Napoleón Gómez Urrutia, cumplirán con la orden del laudo para pagar los cerca de 55 millones de dólares que corresponden a los trabajadores mineros.
“El senador buscará interponer otro recurso de amparo, pues consideran que no se ha entrado al fondo del asunto para determinar si los trabajadores tienen o no derecho al dinero”, explicó Mario Muñoz, integrante del equipo jurídico del sindicato.
Cabe señalar que este proceso —según fuentes jurídicas— ya fue resuelto en su totalidad, por lo que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sólo acató la resolución del Tribunal en la que, incluso, se vinculó al secretario general Napoleón Gómez Urrutia como responsable solidario.
Ante la ausencia del también senador, Gómez Urrutia, los abogados no expusieron en donde se quedó la totalidad de los recursos que recibió el Sindicato en su momento, “creemos que hay pruebas para que se revierta en su totalidad este laudo; el Tribunal Colegiado determinará que no está debidamente cumplida su sentencia y pedirá a la Junta que dé un nuevo laudo en un mes”, dijo Muñoz.
El equipo jurídico del Gómez Urrutia rechazó el laudo condenatorio que obliga al SNTM a este pago, pues carece de validez.
«El laudo carece de validez jurídica y no existe la obligación de pagar, además», sentenciaron los abogados del líder sindical minero en conferencia de prensa.
«Existen pruebas más que suficientes para lograr que se revierta el fallo, sobre todo porque el Tribunal Colegiado va a determinar que no está debidamente cumplida su sentencia de amparo a favor de esta organización y le va a pedir a la JFCyA dicte un nuevo laudo», explicó el abogado Mario Muñoz Saavedra.
«Vamos a manifestar que en la sentencia 912/2018 se otorgó un amparo al Sindicato para que se dictará un laudo de 25 expedientes, pero que sólo se tomaron en cuenta 21».
Acompañado por los abogados Nahir Velasco, Oscar Alzaga, y el tesorero del sindicato, José Ángel Hernández, dijo que los expedientes con los que se acreditó el pago de 23 millones de dólares, prueban fehacientemente que el dinero es del sindicato y que no hay obligación de pagar, siguen sin ser tomados en cuenta.
El abogado adelantó que se promoverá un amparo a nombre del sindicato y del senador para volver a impugnar el fondo del asunto, ya que hasta ahora no se ha tomado en cuenta.
En los siguientes meses y años no existirá la obligación de hacer ningún pago porque el caso sigue pendiente de impugnaciones, dijo.
Nahir Velasco destacó que esta acción es una venganza de la presidenta de la Junta, María Eugenia Navarrete Rodríguez, de Grupo México y de un grupo de empresarios contra el sindicato y su dirigente, por impulsar la regulación de la subcontratación y la defensa de los derechos de los trabajadores.
«Es evidente que la Cuarta Transformación no ha pasado por la JFCyA, ya que impera la corrupción y subsisten funcionarios de administraciones pasadas, que han estado y están al servicio de grupos empresariales.
Revira Junta de Conciliación a Sindicato
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reviró al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y lamentó las expresiones de esta agrupación en el sentido de que hubo una actuación parcial.
En un pronunciamiento inédito, difundido no solo por la Junta Federal sino por la Secretaría del Trabajo, el organismo llamó al sindicato a conducirse en la verdad y la legalidad.
«La JFCA en el laudo recién emitido da cumplimiento a los lineamientos establecidos por los tribunales, de no hacerlo así, incurriría en responsabilidad penal y administrativa. Cabe destacar que de los 2 mil 998 trabajadores demandantes, 708 obtuvieron laudo a su favor para recibir el pago completo y 389 el complemento, que corresponde al pago de las diferencias.
«Con respecto a los mil 901 restantes, el sindicato fue absuelto debido a que los demandantes no acreditaron relación laboral, no ofrecieron pruebas en su defensa, o bien, sus demandas estaban prescritas», indicó la Junta.