CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para imponer un gravamen (impuesto) a empresas extranjeras que comercialicen contenidos audiovisuales a través de internet.
La iniciativa busca modificar la Ley del Impuestos Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), y es firmada por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega de Morena.
Esta iniciativa busca imponer un impuesto del 7% al consumo de contenidos audiovisuales de empresas extranjeras, conocidas como Over to Top (OTT) que prestan tales servicios a través de internet, como Apple Tv, Disney +, Hulu, Netflix, Roku, entre otros.
Se entenderá como servicios audiovisuales como la transmisión de películas, series, videos musicales, eventos deportivos, musicales, así como cualquier obra radiodifundida para que se produzca y/o transmita en otro país.
«En caso de que quien provea el servicio no cuente con domicilio o establecimiento permanente en territorio nacional, la tasa del impuestos prevista en el inciso D de la fracción II del Artículo 2 de esta Ley, será del 15%», define la propuesta de modificación.
Obliga a las entidades financieras, emisoras de tarjetas de crédito y debido, empresas de servicios prepago así como cualquier persona en territorio nacional que realice servicios de facturación y cobranza a favor de las empresas extranjeras que ofertan contenidos audiovisuales por internet y estarán obligadas a realizar la retención y entero de este impuesto.
Y pretende destinar que al menos el 40% del impuesto recaudado por este concepto se destine a programas de cobertura social en telecomunicaciones en comunidades indígenas y rurales.
«Es justo que las fuentes de riqueza de la llamada economía digital contribuyan al erario público de los países donde obtienen ganancias, por equidad, en razón de que los ingresos de estas empresas provienen del consumo de servicios que se prestan y consumen en México. Además, actualmente las personas están aumentando su ‘consumo digital’ y por ende los ingresos de estas plataformas, particularmente las OTT, sin embargo, se trata de grandes empresas extranjeras por lo que difícilmente existe una derrama económica real en el país», define la legisladora.
Agrega que las grandes plataformas OTT comúnmente no realizan inversiones físicas en los países donde operan, ya que sólo transmiten datos a través de las redes públicas de telecomunicaciones de los operadores de telefonía e internet, es decir, se «montan» en estas redes, pero no invierten en su instalación y despliegue, ello genera distorsiones económicas y eventualmente puede implicar una saturación de las redes de telecomunicaciones.
«Por otra parte, en muchos casos las plataformas audiovisuales extranjeras no instalan oficinas y sucursales en los países a donde llega su oferta, por lo que los usuarios carecen de un lugar a donde acudir en caso de quejas o diferendos comerciales, de igual manera hacen uso de esquemas de subcontratación y de facturación y cobranza por terceros, por lo que se constituyen vías para la elusión de impuestos locales y el cumplimiento de disposiciones laborales, lo que pauperiza la exigua derrama económica que generan para el país», expone.
