Por Rocío de Jesús
Los ex representantes del Sindicato Nacional Democrático de la sección 288 de Altos Hornos de México, Patricio (Q), Francisco Javier (B) y Jorge (A), quedaron vinculados a proceso y son sujetos de investigación por el delito de administración fraudulenta. En libertad, pero con diversas medidas cautelares.
Bajo la causa penal 250/2021, se desarrollará la investigación en contra de los 3 ex líderes del sindicato, señalados de desviar 18 millones 582 mil 187 pesos, de los cuales se logró reponer una parte y aun se adeudan 7 millones del gran total. Los afectados son mil 800 trabajadores.
Fue el pasado lunes cuando se realizó la primera audiencia en contra de los ex líderes sindicales y ayer en una diligencia de continuación que se prolongó durante hora y media, a partir de las 13 horas, finalmente se les dictó la vinculación a proceso.
El defensor hizo su parte intentando justificar a sus representados, señalando que tenían todo el poder legal de disponer del recurso que estaba en la cuenta disputada, del banco Banamex, ya que los implicados eran titulares de la misma.
“La cuenta no estaba a nombre del sindicato, ni a nombre de un fondo, no estaba etiquetada de ninguna manera, los titulares eran los 3 representados y por tanto tenían facultad para disponer de ella”.
Entre otros argumentos, el defensor expuso que, el Ministerio Público no especificó, que los acusados se beneficiaron personalmente de los recursos, sino que estos más bien se gastaron en el mismo sindicato pero no en la situación para la que fue creada esa dicha cuenta, es decir, una huelga.
“El Ministerio público no dice que personalmente ellos se beneficiaron del recurso, al contrario, señala que este se desvió en nómina, mejoras del edificio, préstamos, vehículos, apoyos a comisionados y apoyos a prensa, entre otras cosas”.
Así mismo, el defensor mencionó que el patrimonio del sindicato no se vio afectado, toda vez que la cuenta en disputa no pertenece al Sindicato Nacional sino a la sección local y por lo tanto –recalcó- la cuenta no está legitimada para querellarse, así como los demandantes, no están facultados para interponer la querella.
“Por lo tanto, no hay delito que perseguir en este momento” puntualizó la defensa de Patricio, Jorge y Francisco.
El Ministerio Público reviró, señalando que la defensa solo aportó argumentos sin sustento que no desvirtúan los datos de prueba presentados desde la audiencia primera.
Para empezar –explicó- los bienes no les pertenecían a pesar de que la cuenta estuviera a sus nombres.
“Los bienes sí son ajenos, ellos, los imputados, conforme a los estatutos, tenían la administración de los bienes del fondo de resistencia, ellos aperturaron la cuenta para administrarla, pero este fondo son descuentos al trabajador para respaldo en caso de estallamiento de huelga, es decir, ese dinero es única y exclusivamente para ese fin”.
El Ministerio Público recalcó también que aún están en tiempo de investigar la forma en que los imputados se beneficiaron personalmente con esos recursos, pero que lo cierto es que ese dinero se desvió y como prueba están las pólizas que lo demuestran.
Por su parte, el asesor legal de los afectados, añadió que los acusados solamente lograron ser titulares de la cuenta por ser obreros y como tal, fueron electos por sus compañeros quienes les dieron el voto de confianza para representarlos, pero los estatutos les conceden funciones y facultades muy limitadas que sobrepasaron.
Así mismo, mencionó que en un listado de préstamos personales, al menos dos de los tres acusados aparecen en dichas listas como beneficiarios de tales recursos, es decir, se autoprestaron dinero, hecho que demuestra que si se beneficiaron de ese recurso.
“La conducta ilícita está probada” enfatizó el asesor legal.
PRUEBAS SUFICIENTES PARA LA VINCULACIÓN
Una vez que todos expusieron sus argumentos, el Juez procedió a la vinculación, señalando que se cumplen todos los requisitos para tal efecto.
Entre los datos de prueba aportados por la representación social, se cuenta con un acta de la asamblea del 17 de mayo, en la que se acordó que cada trabajador aportaría 350 pesos semanalmente para el fondo de resistencia o pro-huelga.
Otro dato de prueba es que existen comprobantes de que los trabajadores realizaron sus aportaciones, especificando que durante el 2019 las hicieron durante las semanas 16 a la 52 y durante el 2020, de la semana 1 a la 15.
Así mismo, existe la prueba de que para la devolución del fondo durante el 2020, debieron solicitar un préstamos a la sección 147, de 4 millones de pesos, el cual pagaron con 80 mil pesos de interés, luego de que ya hubiera un desvío de 14 millones.
El juez consideró también la denuncia realizada por Gerardo Flores Escobedo, integrante del CEN del Sindicato minero, quien luego de realizar un arqueo fechado el 2 de junio, detectó manejos indebidos en las cuentas.
Otra persona que constata el faltante por los 18 millones de pesos, es el C.P Francisco Javier Ramos Espinoza.
La empleada María de los Ángeles Rodríguez Castañeda, también aparece como testigo, de los cheques que enviaba AHMSA al sindicato, con los rebajes de los trabajadores y que iban a la cuenta del fondo de resistencia.
Así mismo fue testigo del préstamos que tuvieron que pedir a la sección 147 porque se llegaba la fecha de pago del año pasado y faltaban recursos.
Estos y otros datos fueron considerados por el juez, quien indicó que claramente los 3 imputados podrían ser co-autores materiales de este desfalco millonario, por lo que serán investigados.
PIDEN EMBARGO DE BIENES E INMOVILIZACION DE CUENTAS, COMO MEDIDA CAUTELAR
El representante social, es decir el Ministerio Público, así como el asesor legal de los afectados, solicitaron el embargo de bienes e inmovilización de cuentas, entre otras medidas cautelares.
Y es que por ser una pena de solo 9 años de prisión la que alcanzarían, de resultar culpables, por tal motivo la prisión preventiva no era opción para los imputados.
Por su parte, el defensor, indicó que las medidas solicitadas por la representación social eran desproporcionadas y graves, toda vez que un embargo e inmovilización de cuentas es para quien ya debe resarcir un daño económico pero en este caso, la investigación está por empezar y no se ha determinado la responsabilidad de sus representados.
IMPONEN CUATRO MEDIDAS CAUTELARES
Las medidas autorizadas por el juez de la causa fueron cuatro:
1.-Presentarse a firmar el último día de cada mes, para garantizar su permanencia en la ciudad.
2.- No abandonar la localidad sin autorización judicial.
3.- La prohibición de acercarse y reunirse en asambleas de los recintos sindicales de Monclova y Frontera.
4.- La prohibición de acercarse y reunirse con las víctimas, especialmente con los representantes actuales, Ismael Leija, Efraín Martínez y Antonio Aguilar.
El juez explicó que las medidas cautelares son para garantizar que los imputados no se sustraigan de la ley, así como para que no causen daño a las víctimas pero también para que no representen un peligro de obstaculización a la investigación.
Reciben reporteros
moche de prohuelga
Durante la audiencia, en múltiples ocasiones se escuchó decir que la compensación para la prensa, era uno de los rubros en los que se usó el recurso de pro huelga, es decir, hasta reporteros se beneficiaron de dicho fondo.
Pago de nómina, compensación a comisionados y compensación a la prensa, vehículos y mejoras al edificio, eran algunos de los “usos” que dieron los ex dirigentes al recurso de los trabajadores.
Mientras que los trabajadores, afuera, gritaban “queremos las vacas” por la presunción de que los implicados se compraron hasta ranchos con tales recursos.
