El ex Gobernador de Puebla Mario Marín pidió a una juez federal un amparo para llevar en libertad su proceso por la presunta tortura a la periodista Lydia Cacho, en 2005.
Preso en el Penal Estatal de Quintana Roo, el ex Mandatario presentó su demanda de garantías ante el Juzgado Tercero de Distrito en dicha entidad, contra la negativa de libertad provisional bajo caución.
Esta última decisión judicial contra la que ahora litiga Marín fue dictada el 10 de febrero pasado por Gerardo Vázquez Morales, Juez Segundo de Distrito en Quintana Roo, al decretarle la formal prisión, es decir, al iniciarle el juicio.
El poblano no solicitó la suspensión de la negativa de libertad y por ello el juzgado responsable de tramitar el amparo programó para el 18 de mayo la audiencia constitucional. Una vez que sea celebrada, podrá dictar la sentencia del amparo.
Este juzgado por ahora tiene como responsable a un secretario en funciones de juez, pues en marzo fue separada del cargo la juez Ana María Nava Ortega, cuya ficha biográfica ya no aparece en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal.
Mario Marín fue detenido el pasado 3 de febrero por agentes de la Policía Federal Ministerial, en la casa de su hermana Alicia Marín, en la Colonia Cumbres de Figueroa, en Acapulco, Guerrero.
Desde el 11 de abril de 2019 se encontraba prófugo de la justicia, fecha en que el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo, a cargo de la magistrada María Elena Suárez, ordenó su aprehensión por el delito de tortura.
Además del ex Gobernador, la magistrada también instruyó las capturas del empresario textilero Kamel Nacif; el ex jefe de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam; y su entonces director de Mandamientos Judiciales, Juan Sánchez.
Según la FGR, Lydia Cacho fue víctima de torturas durante su traslado por tierra desde Cancún a Puebla, a manos de los agentes de la Policía de esta última entidad, tras ejecutarle una orden de aprehensión.
La captura de la periodista era consecuencia de una denuncia de Nacif por la publicación del libro «Los demonios del Edén», donde la autora menciona que el textilero asistió a fiestas donde eran pervertidos menores de edad.
Uno de los episodios derivados de este caso fueron la filtración de unas conversaciones telefónicas entre el entonces Gobernador poblano y el empresario textilero, en las que celebraban el «escarmiento» que propinaron a Cacho.
