Cd. de México, México 21-Apr-2021 .-Una asociación civil solicitó a un juez federal declarar improcedente el acuerdo reparatorio por más de 216 millones de dólares que le devolvió la libertad a Alonso Ancira, ya que la ley no prevé este tipo de arreglo para el lavado de dinero.
La organización no gubernamental Tojil presentó al juez de control Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, una solicitud para decretar como no celebrado el acuerdo entre Pemex y el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).
En el escrito enviado al juez el pasado lunes, la asociación señalan que el lavado no es un delito que requiera querella, tampoco es culposo ni patrimonial, requisitos que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales para que procedan los acuerdos reparatorios.
“En ese sentido, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado) no es susceptible de ser resuelto por acuerdo reparatorio”, dijo la ONG.
El acuerdo impugnado obliga a Ancira a pagar 216 millones 664 mil 40 dólares a Pemex en tres entregas de 72 millones 221 mil 346 dólares cada uno, el primero de ellos el 30 de noviembre próximo, el siguiente en la misma fecha del año entrante y el último también en el último día de noviembre de 2023.
En principio, la asociación representada por Adriana Greaves y Estefanía Medina indica que la querella es un requisito de procedibilidad para delitos principalmente de orden fiscal y que la denuncia es la noticia criminal con que la autoridad puede iniciar o complementar una investigación.
En el caso del lavado de dinero, expone que no se requiere una querella como requisito para proceder a su investigación o sanción, pues se persigue de oficio, lo que implica que no admite un acuerdo reparatorio.
Y agrega que tampoco es un delito culposo porque el lavado no está dentro de la lista de ilícitos con esa categoría, señalados en el artículo 60 del Código Penal Federal.
El tercer aspecto es que, en el caso del lavado, el bien jurídico que tutela la Secretaría de Hacienda no es su patrimonio sino la protección del sistema financiero y la economía nacional, razón por la que tampoco es un delito patrimonial. De hecho, el lavado es un delito que no contempla la reparación del daño.
“De todo lo expuesto con anterioridad, es posible concluir que los acuerdos reparatorios resultan improcedente en los casos relativos al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que su aplicación resulta contraria a la ley”, señaló la asociación.
Además de su solicitud al juez Zúñiga Mendoza, Tojil litiga en paralelo contra la Fiscalía General de la República para tratar de conseguir el reconocimiento como víctima de los delitos cometidos por Emilio Lozoya en el caso Odebrecht.
