El Ministro Arturo Zaldívar rechazó pronunciarse hoy sobre la reforma que prolonga dos años su presidencia en la Suprema Corte de Justicia, y dijo que tomará una decisión sobre el tema una vez que el máximo tribunal resuelva sobre su constitucionalidad, para lo cual podrían pasar varios meses.
“No estamos en presencia de un rompimiento del orden constitucional. En democracia los parlamentos emiten las leyes, cuando son cuestionadas en su constitucionalidad se impugnan. Nuestra Constitución tiene los propios medios para su defensa, en este caso será la Corte la que resuelva como tribunal constitucional si este precepto es constitucional o no. Tengo confianza que mis compañeros y compañeras resolverán este tema con responsabilidad”, dijo Zaldívar en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
La Cámara de Diputados aprobó hoy las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial Federal, incluido un artículo transitorio introducido de última hora en el Senado, que prolonga dos años la presidencia de Zaldívar, hasta el 30 de noviembre de 2024, pese a que la Constitución ordena que dicho encargo sólo puede durar cuatro años sin reelección.
El Ministro negó haber tenido conocimiento previo de que en el Congreso se planeaba extender su presidencia. Adelantó que cuando la Corte discuta el tema se declarará impedido para participar en la votación, y consideró que este asunto no tiene nada qué ver con una posible extensión del mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Ejerceré el cargo de Presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal por el periodo para el cual fui electo por mis pares (que termina el último día de 2022) y estaré a la determinación de la SCJN sobre el precepto en cuestión”, agregó Zaldívar en un comunicado posterior a la entrevista en el que se comprometió a seguir defendiendo la autonomía de jueces y magistrados.
Cuestionado sobre la avalancha de críticas, Zaldívar dijo que es “totalmente injusto”, porque él no propuso la reforma, estimó que se han levantado demasiadas expectativas y controversias por un tema aún no resuelto, y dijo que en un país tan polarizado él no va a abonar a la división.
“Seria muy fácil salir a dar gusto a quienes piden casi que me envuelva en la bandera nacional y haga declaraciones y rompa con la institucionalidad”, dijo.
“Aquí la cuestión es que la resolución de un tema de constitucionalidad no tiene que ver con el número de voces autorizadas que se pronuncien en un sentido o el otro, no es de declaraciones ni pronunciamientos, es un tema técnico que tiene que resolver la Corte con los métodos interpretativos que se han venido desarrollando a través del tiempo”, afirmó.
Al declararse impedido Zaldívar, bastará que tres de los restantes diez ministros apoyen la reforma para que quede tal cual, pues se requerirán ocho votos para su invalidez.
Sobre una posible prolongación del mandato de López Obrador mediante una maniobra similar, Zaldívar aclaró:
“Lo que se dijo es que se puso (el artículo transitorio) para permitir que se pueda instrumentar la reforma judicial, derivado de la pandemia. No lo estoy justificando, lo estoy diciendo. No tiene que ver con lo otro, el otro es un cargo de elección popular, este es un transitorio que no alarga mi periodo como ministro en la Corte, lo que alarga dos años más es la actividad administrativa, de gestión de Presidencia de la Corte, los paralelismos no se sostienen, los entiendo desde un punto de vista político, pero son supuestos extraordinariamente distintos”, concluyó.
Lo que sigue
El Ejecutivo promulgará y publicará la reforma en el Diario Oficial.
A partir de la publicación, las minorías en el Congreso tendrán 30 días para presentar acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
Un ministro o ministra de la Corte admitirá las acciones y emplazará al Congreso y al Ejecutivo a que presenten sus argumentos.
Las acciones no tienen un plazo legal para que el Pleno de la Corte dicte sentencia, y Zaldívar controla la lista de asuntos del Pleno, por lo que él decidirá cuándo se discutirían.
Sin embargo, el caso podría tener “trámite prioritario”, lo que permitiría resolverlo en un plazo de dos a tres meses una vez recibidas las demandas.
Para invalidar la reforma se requiere el voto de al menos ocho ministros. En cualquier otro caso, la prolongación de mandato quedará firme, y será decisión personal de Zaldívar si la acepta o no.
