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sábado 20 de septiembre de 2025

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Política de principios

Política de principios

Por Juan José Rodríguez Prats

La sobrerrepresentación

En la cultura política del mexicano un mal echó raíces: buscarle siempre una rendija a la ley para violarla. Hacemos leyes aspiracionales y basta promulgarlas para que se diseñen mecanismos que permitan su incumplimiento

La pieza más compleja de una democracia es su asamblea parlamentaria. Lo anterior se complementa con otro enunciado básico: el concepto de representación la hizo funcional. Me explico.

Grecia fue la cuna de la deliberación política. Sin embargo, al estudiar la historia de todos los pueblos, siempre se encuentran mecanismos de participación para discutir asuntos de las comunidades que trascienden lo individual. Digamos que la democracia es connatural a la condición humana. Paradójicamente, también lo es la monarquía, pues siempre ha habido personajes que se sienten con los atributos para mandar sin permitir resistencia alguna a sus designios. Digamos que son dos fuerzas en permanente confrontación desde que inició la vida sedentaria del hombre.

Ante la imposibilidad de toda la ciudadanía de reunirse en un recinto para dialogar, surgió el representante popular. Quien le dio sustento teórico fue Juan Jacobo Rousseau. Kant afirmaba que su teoría de la voluntad general en las ciencias sociales era similar al descubrimiento de cómo hacer el fuego en las ciencias naturales. De lo dicho se infiere que, por la necesidad de entrar en razón para conducir a los pueblos, existe un proceso de esclarecimiento de los hechos y la confrontación con teorías que fueron lentamente elaboradas. Esas dos son tareas necesarias para asumir las mejores decisiones en beneficio de todos, con las consecuentes denuncias de desviaciones y el correspondiente proceso para fincar responsabilidades a quienes hayan incurrido en conductas punibles.

Con estas ideas preliminares, se puede afirmar que el nivel de democracia se califica por la calidad de sus órganos colegiados para analizar, con el mayor sustento ético político, los asuntos a su cargo.

México ha tenido un tortuoso camino para consolidar sus instituciones. Su Poder Legislativo apenas registra algunos destellos en su opaco desempeño. Una de las causas ha sido un partido que, por ser hegemónico, impone sus propuestas. Habrá que decir que, en su última etapa, el anterior sistema autoritario (1917-1997) cuidaba las formas, debatía y sensibilizaba a la opinión pública. Hoy, sin embargo, estamos viendo la forma más primitiva de ejercer el poder. Se intenta consolidar el mando de un solo hombre que nos recuerda los más trágicos momentos de nuestra historia.

Nuestra transición democrática ha deambulado de la cláusula de la gobernabilidad a los límites de la sobrerrepresentación en la búsqueda de un equilibrio entre la legitimidad y la posibilidad de alcanzarla para el necesario consenso. Ambas son medidas perentorias ante las amenazas de retroceso. Precisamente ahí radica el gran acierto del Instituto Nacional Electoral y su Consejo al interpretar el artículo 54 de nuestra Constitución y que, hasta el momento en que escribo este artículo, se conserva en manos del Tribunal Electoral para la decisión final.

En la cultura política del mexicano un mal echó raíces: buscarle siempre una rendija a la ley para violarla. Hacemos leyes aspiracionales y basta promulgarlas para que se diseñen mecanismos que permitan su incumplimiento. Eso sucedió hace tres años con maniobras ostentosamente burdas para concederle al partido en el poder una manada dócil (no puedo denominarla de otra manera), para obedecer órdenes, prostituyendo el más delicado de los procesos democráticos, el de hacer leyes.

Los mexicanos amanecemos todos los días con amenazas. Apostamos a que no se van a atrever a cumplirlas y resulta que sí lo hacen. Tal vez por eso la gran demanda es muy elemental: el retorno a la normalidad, que, aunque sea mínimamente, se aproxime a la normatividad, eso está en juego ahora y, sobre todo, el próximo seis de junio. Ojalá así se perciba.

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