Por Pascal Beltrán del Río
Sumisión de poderes
En julio de 2002, cuando se cumplían apenas dos años de su histórico triunfo electoral, el presidente Vicente Fox se llevó una sonora derrota en la Suprema Corte.
Tres meses antes, la Cámara de Diputados había presentado —por medio del presidente de la Comisión de Justicia, el diputado y abogado constitucionalista José Elías Romero Apis— una controversia constitucional contra la decisión del Ejecutivo de anular, mediante decreto, la decisión de los legisladores de imponer un impuesto de 20% al uso de la fructosa, sustituto del azúcar.
Era apenas la tercera vez en la historia que un Presidente perdía una controversia ante el Legislativo. Las anteriores habían sido en agosto de 2000, cuando la Corte dio un mes de plazo a Ernesto Zedillo para entregar la información sobre los fideicomisos de Banco Unión que sirvieron para financiar las campañas presidenciales de Luis Donaldo Colosio y del propio Zedillo; y en abril de 2002, cuando los ministros determinaron la inconstitucionalidad del reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, emitido por Fox.
¿Qué habrían dicho los miembros del actual grupo gobernante si los presidentes Zedillo o Fox hubiesen advertido a los ministros que dar por buena la controversia era un signo de deshonestidad?
Pues eso hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, en su conferencia mañanera, afirmó, a pregunta expresa, que los integrantes de la Suprema Corte que voten por declarar inconstitucional la prolongación del mandato del ministro Arturo Zaldívar se convertirán en cómplices de la corrupción. “Consciente o inconscientemente, por el coraje que les produce la transformación que se está llevando a cabo en el país”, dijo López Obrador, hay ministros que “apoyan al régimen de corrupción”.
Agregó que para sacar adelante los cambios al Poder Judicial “se consideró que estas reformas se llevarían a cabo siempre y cuando el presidente de la Suprema Corte (…) fuese una gente honorable, íntegra, que no perteneciera a los mismos grupos de poder económico y político que llevaron a la ruina al país, a los que avalaron la corrupción”.
Y agregó: “Entonces, imagínense, se hacen reformas y el encargado de conducir el proceso de transformación del Poder Judicial es un personaje del partido conservador del antiguo régimen, caracterizado por el servilismo en favor de los grupos de intereses creados, sobre todo del poder económico, que nunca se preocupan por el pueblo. ¿De qué sirve que se lleve a cabo una reforma así? Pues es letra muerta”.
Pero no pensaba eso López Obrador de los ministros de la Suprema Corte cuando en 2001, siendo jefe de Gobierno capitalino, presentó una controversia constitucional contra el gobierno federal para impugnar la decisión del presidente Vicente Fox sobre la duración del horario de verano.
Pese a que la Presidencia la emprendió contra el tabasqueño mediante spots radiofónicos, mofándose de las consecuencias de que la Ciudad de México se quedara al margen del cambio de huso horario, la Corte dio la razón al argumento del quejoso de que únicamente el Congreso podía decidir algo así.
“Al conocer el fallo, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien promovió la controversia constitucional, dijo que la SCJN demostró que el Poder Judicial dejó de ser un apéndice del Ejecutivo” (El Universal, 5/IX/2001).
Como se ve, el Poder Judicial no ha sido la instancia obsequiosa que pinta hoy López Obrador. Más bien pareciera que en eso la quiere convertir el Presidente, quien no sólo no está de acuerdo en que los ciudadanos u otro Poder recurran a los jueces para defender las garantías consagradas en la Constitución, sino que se otorga a sí mismo facultades de intérprete de la Carta Magna y da línea sobre cómo deben votar los legisladores y los ministros, tachando de corrupto a todo el que discrepe de él.
Por definición, la autonomía de los Poderes consiste en que ninguno tenga preeminencia sobre los demás, no que el Ejecutivo defina cómo deben actuar los otros dos.
“Para que no haya abuso de poder —definió Montesquieu hace casi tres siglos— se requiere que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. A eso, ni más ni menos, está llamada la Suprema Corte.
