CIUDAD DE MÉXICO.-La cabeza del Gobernador de Tamaulipas rodó pero. hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desaforado ayer a las 17:30 horas por la Cámara de Diputados, y separándolo de su cargo para vincularlo a proceso por el delito de defraudación fiscal, Francisco García Cabeza de Vaca fue inmediatamente repuesto en su silla por el Congreso de Tamaulipas.
Una hora después de que la Cámara baja, erigida como Jurado de Procedencia, aprobó el desafuero del Gobernador panista con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, la legislatura tamaulipeca desconoció la resolución de San Lázaro y dijo que García Cabeza de Vaca seguía en su cargo.
Con ello creó un conflicto legal inédito que deberá dirimir la Corte la próxima semana. El mismo Congreso tamaulipeco, de mayoría panista, ya había interpuesto desde la noche del jueves una controversia constitucional ante la Corte para que suspendiera los efectos del desafuero.
Como parte de su demanda, el Congreso tamaulipeco pretende que se paralicen los efectos de la resolución de la Cámara federal.
Sin embargo, la controversia podría ser desechada si el Ministro responsable aplica literalmente el Artículo 111 de la Constitución que establece que las resoluciones de las Cámaras de Congreso en este tipo de procedimientos son «inatacables».
Fuentes cercanas al caso informaron que la legislatura estatal reclama que se le reconozca como la facultada constitucionalmente para quitar el fuero y separar del cargo al Gobernador.
Pero el mismo Artículo 111 constitucional establece como regla general que «el efecto de la declaración. será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal», sin distinguir entre funcionarios federales y estatales.
El debate en San Lázaro se alargó seis horas tras la exposición de los cargos por parte de representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y el alegato del abogado defensor de García Cabeza de Vaca, el penalista Alonso Aguilar Zínser.
La FGR sostuvo que el Mandatario tamaulipeco no declaró a la autoridad fiscal la cantidad de 6 millones 511 mil 777 pesos, por lo que merecería una pena de prisión de tres a nueve años.
La Fiscalía también dijo que indaga al Gobernador por delincuencia organizada y lavado de dinero pero esos delitos no fueron parte del dictamen para el desafuero.
El caso fue turnado al Congreso de Tamaulipas, pero antes de que les llegara el engrose, los legisladores locales ya tomaban cartas en el asunto.
Apenas concluyó la sesión en la Ciudad de México, inició la reunión en Ciudad Victoria para votar sin discusión –por 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones– una iniciativa que rechazaba el desafuero declarado por la Cámara de Diputados
En punto de las 19:02 horas, los legisladores avalaron el documento promovido por la bancada de Acción Nacional y el apoyo del PRI.
La sesión había sido declarada en receso el pasado miércoles y se reanudó ayer.
«Se reconoce al ciudadano su calidad de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas», resolvieron los Diputados locales, «de aquí que debe seguir fungiendo en el encargo púbico para el efecto que fue electo en el año de 2016».
Con información de Martha Martínez, Claudia Salazar, Benito López y Víctor Fuentes
