Por Leo Zuckermann
Un gobernador en la picota
La Unidad de Inteli-gencia Finan-ciera (UIF), dependencia del Poder Ejecutivo federal, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que pidiera a la Cámara de Diputados erigirse en jurado de procedencia a fin de remover la inmunidad procesal del gobernador de Tamaulipas. La UIF acusaba a Francisco Javier García Cabeza de Vaca de operación con recursos de procedencia ilegal, delincuencia organizada y defraudación fiscal.
La semana pasada, la mayoría de Morena y partidos satélites votó a favor de desaforar a García Cabeza de Vaca.
Comienzo este tema con otra vergüenza más de la UIF y la FGR. Me refiero a la falta de pruebas que presentaron para acreditar dos de los tres presuntos delitos que le imputaban al gobernador. Nada menos que los más graves.
La comisión que presentó el dictamen para que votaran los diputados, la llamada Sección Instructora, revisó la evidencia y llegó a la conclusión de que sólo se acreditaba el crimen de defraudación fiscal equiparada. Dejaron fuera, por tanto, los de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A final del día —después de mucho circo, maroma y teatro–, a García le quitaron el fuero por un presunto daño al Fisco por 6 millones 511 mil pesos, al no haber pagado los impuestos por la venta de un departamento.
Eso es todo. La UIF y la FGR iban por un cuadrangular y consiguieron un toquecito de bola que los llevó apenitas a la primera base.
Típico de las autoridades judiciales de nuestro país: prometen mucho, pero entregan muy poco en términos de evidencia empírica que compruebe los presuntos delitos.
Segundo punto jurídico. Bien a bien, no se sabe si las autoridades judiciales pueden detener y procesar al gobernador. La Constitución, efectivamente, le otorga la prerrogativa exclusiva a la Cámara de Diputados para hacer una declaración de procedencia (remover la inmunidad procesal), pero ésta debe comunicarse a la Legislatura del Estado (en este caso, la de Tamaulipas) “para que, en el ejercicio de sus atribuciones, proceda como corresponda”.
Una vez aprobado el desafuero por parte de los diputados federales, los locales, donde el PAN tiene mayoría, votaron para declarar que no procedía la solicitud enviada desde la Ciudad de México.
Para meterle más sabor a este asunto, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, deslizó la posibilidad de desaparecer los poderes del estado de Tamaulipas, facultad que tiene la Cámara alta, en caso de que el Congreso local anule o desacate el desafuero. Es un farol porque, para ello, se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes del Senado y Morena y sus aliados no tienen los votos.
Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida qué procede en este caso. Ya el Congreso tamaulipeco promovió la controversia constitucional. Otra “papa caliente” más que tendrá que resolver la institución que encabeza Arturo Zaldívar.
Hasta aquí el galimatías legal. Pero este caso es más político que otra cosa. A pesar de que los diputados tenían que votar un dictamen que involucraba al gobernador por un delito, se la pasaron debatiendo sobre la presunta corrupción de García Cabeza de Vaca y los gobiernos panistas.
Esto ocurre a un mes de la elección intermedia. A falta de resultados de su gobierno, López Obrador quiere llevar las campañas al terreno de la corrupción de los gobiernos pasados. Al anterior priista no lo tocan, lo cual hace creíble la hipótesis de un posible pacto entre Peña Nieto y AMLO. Van contra el PAN. El mensaje es clarísimo: los adversarios, a los que más miedo le tienen los morenistas, es a los panistas. Al parecer, con los priistas se pueden arreglar.
En este sentido, desde un punto de vista de racionalidad política, el juicio al gobernador panista de Tamaulipas le viene “como anillo al dedo” al Presidente y su partido en la actual coyuntura.
