CIUDAD DE MÉXICO.- El estallido que se vive en Colombia va mucho más allá de la reforma tributaria. La raíz es «el descontento social que tiene que ver con el hambre, con las violaciones a los derechos humanos», asegura Daniel Hoyos, un estudiante que participa en las manifestaciones que han cimbrado al gobierno de Iván Duque.
El presidente ha calificado las protestas que iniciaron el 28 de abril de «terrorismo urbano» financiado por el narco. Pero Daniel, un joven de 24 años que estudia la carrera de Estudios Políticos en la Universidad del Valle, asegura en entrevista con EL UNIVERSAL, lo desmiente. «No son grupos financiados por narcos. Son ciudadanos que están cansados de vivir en un país que no garantiza sus libertades. No somos terroristas, no somos vándalos», dice.
Daniel habla con El Gran Diario de México desde un punto de protesta en un pueblo cercano a Cali, capital de Valle del Cauca. En el fondo se escucha el clamor de los manifestantes. «El país es inviable socialmente. Hay una bomba económica, social». En los últimos cuatro años, narra, se han hecho 3 reformas tributarias que han derivado en el aumento de impuestos «hasta en los productos básicos». La gota que derramó el vaso fue un nuevo plan de reforma tributaria en medio de los estragos que la pandemia de Covid-19 ha provocado en el país.
Diego, como muchos colombianos, está enojado. Y acusa que el gran diálogo al que convocó el presidente tras echar atrás la reforma tributaria de este año sólo incluye «a los partidos afines a él, a los que lo ayudaron a subir al poder en 2018».
El universitario hace este retrato de las personas que están en el paro nacional: «Son movimientos civiles, pero también están los camioneros, taxistas, estudiantes, toda la población civil. En Cali, hemos visto que las manifestaciones son de los barrios más pobres de la ciudad… La gente que está saliendo a manifestarse está tan pobre, tan en la miseria, que no tienen nada qué perder. Su única opción de cambiar al país es esta».
El colombiano ha estado en contacto con madres de algunos jóvenes que perdieron la vida en las protestas —la Defensoría del Pueblo los cifra en 24; la ONG Temblores habla de 31, sin contar con decenas de desaparecidos—. Ellas tienen una certeza: que sus hijos «no son vándalos». Salieron «porque quieren un mejor país».
Las protestas, lamenta Diego, han recibido como respuesta el uso de la fuerza por parte no sólo de la policía, sino del Ejército. No hay, se quejó, «un acompañamiento. Hay una confrontación de facto».
El retiro de la reforma tributaria ya no es suficiente. «Ese retiro servía hace 25 muertos». El descontento, resume, «tiene que ver con el hambre, con la paupérrima vacunación». Los colombianos, aduce Diego, quieren un «gran diálogo nacional», pero uno que incluya «a todos los sectores sociales que en este momento están marchando en las calles». Los manifestantes piden que un comité de derechos humanos entre al país a verificar la situación. «Esto debe visibilizarse: que la fuerza pública está masacrando a los manifestantes en Colombia».
Tras el clamor de diálogo está el de justicia. «Que el gobierno acepte que hubo uso excesivo de la fuerza, que hubo asesinatos por parte de la policía y que respondan quienes tienen que responder… Que haya un plan de salvamento para las personas que están sufriendo más en el país». En una frase, lo que los manifestantes quieren es, concluye Diego, «una solución estructural para los pobres en Colombia».
