La vieja práctica de vender a las niñas en comunidades indígenas para matrimonio se ha «mercantilizado» y ni el Gobierno federal ni el de Guerrero ayudan en crear condiciones para que termine, señaló el activista Abel Barrera Hernández.
«Si el Gobierno construyera escuelas, secundarias y otros centros educativos en las comunidades», agregó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, «las niñas tendrían una preparación académica y un rol más activo y no pasivo como se acostumbra».
Tlachinollan es la principal organización de defensa de los derechos indígenas en la región más pobre de Guerrero y donde se padece la doble esclavitud de vender mujeres y someterlas con matrimonios y trabajos forzados.
Grupo REFORMA publicó ayer cómo en La Montaña de Guerrero las niñas tienen precio y se pagan desde 40 mil hasta 200 mil pesos o, incluso, con ganado o cerveza, por una práctica de «usos y costumbres» de las comunidades.
Se estima que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio en Guerrero.
El matrimonio obligado de niñas en edad escolar es una realidad en zonas indígenas principalmente de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pero también en las comunidades huicholas, alertó la organización «Yo Quiero Yo Puedo» que desarrolla en La Montaña de Guerrero el programa «Ayúdalas a no llegar al altar».
Los usos y costumbres de esas comunidades han normalizado desde hace años las uniones de niñas con adultos hasta 20 o 30 años mayores que ellas a pesar de que las legislaciones estatales y federales prohíben los casamientos de menores de 18 años.
«Los niños han sido invisibles a los ojos del Gobierno», lamentó a su vez la presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia del Senado de la República, la panista Martha Elena García Gómez.
El Gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo, señaló que su gobierno analiza los programas que prohíben y evitan los matrimonios forzados.
