CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpeta de investigación contra Adrián de la Garza, Samuel García y sus familiares por posibles delitos electorales.
De la Garza y Samuel García son candidatos a la gubernatura de Nuevo León, uno por el PRI y el segundo por Movimiento Ciudadano.
A través de un comunicado la FGR informó que en el caso de Adrián de la Garza, candidato de la alianza priista a gobernador de Nuevo León, lo investiga por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada «tarjeta rosa» con la que las mujeres que participen pueden obtener dinero, una vez que el aspirante gane las elecciones del próximo 6 de junio.
Esta conducta, según la FGR, «significa la compra y coacción del voto».
«Las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas, en la indagatoria correspondiente», señaló.
Cabe señalar que el presidente López Obrador denunció él mismo esta práctica de tarjetas rosas dos veces en su conferencia mañanera.
«La carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente».
Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Samuel García, aspirante a gobernar Nuevo León; su esposa Mariana Rodríguez y el padre de ésta, Jorge Rodríguez, por financiamiento ilícito de campañas.
Por ello, también inició carpeta de investigación en contra de los tres y otras personas morales.
«Se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria», precisó la fiscalía.
