Policías ministeriales de Guanajuato irrumpieron en el asilo de ancianos «Cielito Lindo», ubicado en San Miguel de Allende, para llevarse a una interna de nacionalidad estadounidense.
En el operativo ocurrido la tarde del pasado sábado, en el que participó la Cónsul estadounidense en San Miguel Allende, Erika Montes Ruiz, los agentes golpearon y detuvieron al abogado de la residencia.
Conforme testimonios y videos de los hechos a los que REFORMA tuvo acceso, cuando el abogado de la casa, Jurguen Beltrán, solicitaba identificaciones de los agentes, éstos lo acusaron de entorpecer la diligencia, lo detuvieron y derribaron para someterlo.
Dos agentes permanecieron encima de él por 20 segundos hasta inmovilizarlo. Beltrán fue esposado y después encarcelado por 48 horas, acusado de tratar de impedir el operativo.
Los agentes policiacos ingresaron con una orden de cateo, cuyo propósito era verificar las condiciones en las que se encontraba la interna Janet Howey quien, según una denuncia de la Cónsul Montes, estaba privada de la libertad indebidamente.
Howey tiene cuatro años en el asilo y fue internada por sus familiares. La interna padece un trastorno neurológico derivado de un accidente cerebro vascular y deterioro cognitivo leve.
De acuerdo con las autoridades del asilo, ella estaba bajo cuidados médicos y era bien tratada.
La orden judicial, de la que REFORMA tiene copia, autorizaba para intervenir en la acción a cuatro agentes ministeriales, aunque irrumpieron 12, varios de ellos sin tapabocas.
Dado que el lugar es de alta vulnerabilidad por Covid-19, el abogado Beltrán, según su testimonio, solicitó que se respetaran los protocolos de salud.
Asimismo, al percatarse de que quien daba órdenes a los agentes era la Cónsul estadounidense Erika Montes, Beltrán solicitó que se atuvieran a la orden de cateo que sólo facultaba a cuatro agentes ministeriales para practicar la diligencia, y que la diplomática no tenía ninguna facultad en el operativo ni mucho menos para dirigirlo.
Los agentes ministeriales arribaron al asilo poco antes de las cinco de la tarde e ingresaron al lugar sin notificar la diligencia. Minutos después, el abogado Beltrán arribó al lugar y reclamó a los ministeriales. «¿A quién notificaron la diligencia?», inquirió. El agente a cargo, Marco Antonio Guzmán Rayas, dijo que a una secretaria; sin embargo, la aludida negó conocer el documento.
«Entonces le notificamos a usted», reviró Guzmán Rayas a Beltrán. El abogado aceptó y recibió el documento.
«Aquí dice que vienen a corroborar el estado de salud de la señora Howey. ¿Y el examen médico?», inquirió Beltrán.
Guzmán Rayas señaló entonces a una persona de bata blanca quien sonrió: «Je, je, je. Ya le hice el examen médico a la señora».
Beltrán reclamó: «¿En menos de diez minutos ya lo hizo?».
El doctor respondió: «Sí, hasta fotos tomé. Ya quedó, jefe».
El abogado escuchó voces en un cuarto contiguo donde estaban otros agentes y una señora interrogando a la interna Howey.
Beltrán preguntó sobre la presencia de la señora que interrogaba a la interna.
Una mujer de blusa blanca increpó a Beltrán: «Licenciado, yo soy la agente del MP. Esa señora es la Cónsul de Estados Unidos en San Miguel de Allende».
Beltrán dijo que según la orden de cateo que autorizaba sólo a cuatro personas el ingreso al domicilio, no incluía a la Cónsul.
«No, licenciado. Yo tengo facultades más amplias. Así que retírese», replicó la agente María Heriberta García García
«Me retiro, si se retira la Cónsul», dijo el abogado.
Erika Montes volteó a ver al abogado y le espetó: «Soy la Cónsul de Estados Unidos y represento los intereses de los ciudadanos norteamericanos».
El abogado interpeló. «Será usted la Cónsul; pero en este país se requiere una orden judicial y usted no está incluida en esta orden judicial», dijo Beltrán agitando la orden de cateo que tenía en su mano. «Únicamente pido que se ciñan a lo que aquí dice», reclamó.
La agente García García gritó: «Cónsul, usted no le conteste nada al abogado. Y retírese o me lo llevo consignado», amenazó.
La Cónsul solicitó los medicamentos de la interna y su expediente clínico. Beltrán cuestionó. «Ella no puede solicitar esa información».
En ese momento, la agente García García le dijo al abogado que era la última advertencia y que si no se retiraba lo iban a detener. Beltrán insistió en por qué la Cónsul participaba en la diligencia sin estar autorizada.
«Está autorizada por nosotros como Ministerio Púbico».
Beltrán enseñó el papel: «esta es una mera orden de cateo y no le autoriza» y en ese momento García Garcia hizo una seña a dos policías de 1.70 de estatura quienes se abalanzaron sobre Jurguen Beltrán, veinte centímetros más alto que ellos, para detenerlo. Con una llave de lucha le inmovilizaron un brazo y empujaron al exterior. «¡Pidan apoyo!», gritaron cuando no podían mover a Beltrán quien los superaba en peso y estatura. Los refuerzos llegaron.
«Yo traté de zafarme y después les dije que no opondría resistencia. No importó. Tras varios intentos pudieron meterme el pie para tirarme. Yo gritaba. Seguían sobre de mi. No me permitían levantarme», recuerda.
«Me tiran, botan papeles, me ponen rodilla al pecho, todavía me duele el esternón», relata Beltrán.
Al final lo levantaron para esposarlo y llevarlo a empujones por el patio del asilo en presencia de todos los ancianos que estaban en reposo.
Lo subieron a la camioneta policiaca y llegó la agente García a leerle sus derechos. «Y si no firma quiere decir que son indicios de que resiste a la autoridad», le dijo la agente a Beltrán.
La diligencia continuó con el abogado esposado en una camioneta. Hasta ahí llegó el agente Guzmán Rayas para pedirle que entregara el expediente clínico. Beltrán, inmovilizado, le dijo que no podía proceder con eso porque lo prohibía la Ley de Datos personales.
El agente le insistió con la amenaza de que si no le daban el expediente rompería la puerta de la oficina principal. «Tengo la facultad de allegarme de todos los elementos necesarios», dijo y alzó un ariete con el que usualmente rompen los accesos en sus operativos policiacos.
Uno de los directivos del asilo fue por el expediente de la interna Howey, quien era retirada del asilo en compañía de la Cónsul estadounidense.
«No tenían orden de llevársela; no estaba bajo ningún riesgo físico o mental ni nada por el estilo que pudiera haber puesto en peligro a su integridad», relata el abogado Beltrán.
El jurisconsulto fue llevado a los separos de la Procuraduría ubicados en las afueras de San Miguel de Allende.
«Hacen firmar una carta de derechos que dice que tienes derecho a tres comidas y una llamada. Te avientan a un cuarto con piso de cemento que en la esquina, tapada por una semimocheta, tiene un excusado de metal. No hay lavamanos ni servicio de agua. La luz está prendida las 24 horas. Ahí estábamos cinco personas: uno acusado de robar arena de un banco de tierra; otro por manejar a 180 kilómetros por hora; dos narcomenudistas y yo», explica.
A la entrada les dan frazadas que nunca se lavan. Y las tres comidas fueron: por la mañana, agua de canela, que es té de canela con azúcar; en la tarde, agua de canela; en la noche, agua de canela. Ésas son las comidas».
Beltrán permaneció en los separos la tarde y noche del sábado 8, el domingo 9 y la mañana del lunes 10. Fue liberado sin cargos la tarde del lunes.
