Ocho de los diez gobernadores que conforman la Alianza Federalista urgieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se pronuncie respecto al “conflicto constitucional” entre la federación y los estados, respecto a la interpretación del párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Federal, el cual trata del desafuero.
En una misiva, los mandatarios señalan que es fundamental que se defina la competencia de los organismos federales y locales en el procedimiento de desafuero, de manera que, “no puede ser una cuestión exclusiva de la decisión de una cámara legislativa, sino que es un proceso colaborativo entre la Federación y las entidades federativas en el que debe delimitarse la participación de cada uno de los ámbitos de gobierno que intervienen”.
Reconocieron que para este procedimiento la Cámara de Diputados tiene una “decisión soberana”; sin embargo, aclararon que los congresos estatales tienen la última palabra para retirar el fuero a servidores públicos locales.
“Si bien hay una parte de la decisión de la cámara federal que es soberana e inatacable, constitucionalmente las entidades federativas participan teniendo la última palabra en lo que se refiere al retiro del fuero con el que cuentan los servidores públicos locales.
“En este sentido, los poderes federales, Ejecutivo y Legislativo, han solicitado que la Suprema Corte, como máximo intérprete de la Constitución, se pronuncie sobre el tema, ya que resulta trascendental para definir las relaciones entre la federación y las entidades federativas respecto a los procedimientos de responsabilidad”, apuntaron.
En la misiva, los gobernadores aliancistas recalcaron que la Suprema Corte es la única instancia responsable para definir ámbitos de competencia, por lo que la instaron a que haga un uso responsable de sus facultades en dicho tema y, así, abonar al fortalecimiento del federalismo.
“El único órgano que es responsable de delimitar las facultades de los ámbitos de competencia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la instamos a que se haga responsable de su función en el ordenamiento jurídico mexicano para abonar al fortalecimiento del federalismo, de la división de poderes y alcanzar el objetivo de consolidar el Estado de derecho que todos buscamos”, resaltaron.
El documento fue firmado por los gobernadores de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; Nuevo León, Jaime Rodríguez; Aguascalientes, Martín Orozco; Colima, José Ignacio Peralta; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; Guanajuato, Diego Sinhue; Durango, José Rosas Aispuro; y Michoacán, Silviano Aureoles.
Se espera que el máximo tribunal del país dicte una resolución ante la controversia constitucional que interpuso el Congreso local de Tamaulipas ante el desafuero de García Cabeza de Vaca.
Dicha controversia fue turnada a un ministro, quien en los próximos días definirá si da entrada a esta demanda promovida por el Poder Legislativo de dicho estado.
