CHIHUAHUA, Chih.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la candidatura de la panista, María Eugenia Campos Galván, para la gubernatura de Chihuahua pese a que se encuentra sujeta a un proceso penal.
La noche de miércoles, la candidata informó a través de su cuenta de Twitter que «el TEPJF declaró absolutamente válida y legal mi candidatura, desechando las impugnaciones de quienes quieren detener el futuro de nuestro estado».
El TEPJF consideró que a pesar de estar sujeta a proceso penal, no cuenta aún con sentencia firme por lo que la única manera de privarla de sus derechos político electorales sería que se encontrara presa.
Cabe recordar que una vez que el Instituto Estatal Electoral consideró válida la candidatura de Campos Galván, los partidos Movimiento Ciudadano, Morena y Fuerza por México impugnaron el registro de la misma ante la Sala Superior, argumentando su vinculación a proceso por hechos de corrupción.
Los magistrados se sujetaron a la jurisprudencia que existe desde 2013, misma que hace referencia a la pérdida de derechos político electorales solo en caso de que el candidato se encuentre privado de la libertad.
Si bien María Eugenia a Campos Galván fue vinculada a proceso en una causa penal en el estado de Chihuahua, por supuestos hechos constitutivos de delito, la candidata se encuentra en libertad, sujeta a medidas cautelares consistentes en una presentación de garantía económica, de entre otras, por lo que su caso se encuentra en la etapa de investigación del proceso penal que enfrenta. De ahí que estar vinculado a un proceso no implica una condena, de conformidad con el principio de presunción de inocencia reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales, por lo cual no se le podría negar su derecho a participar en una candidatura».
El proyecto destacó que en el caso de la candidata del PAN «no se actualiza el supuesto previsto en los artículos 23, fracción IV de la Constitución del Estado de Chihuahua, toda vez que dicha persona se encuentra en libertad, a pesar de estar vinculada a un proceso penal, en el cual aún no se ha dictado sentencia ejecutoriada y, por ende, tiene derecho a ser registrada como candidata, si cumple con el resto de los requisitos de elegibilidad».
