CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no tiene ningún procedimiento penal abierto en su contra en Estados Unidos ni existe evidencia de que violó alguna ley estadounidense.
Así lo afirmó su abogado en dicho país, J. A. «Tony» Canales, quien indicó que realizó una revisión de las denuncias presentadas en México contra el gobernador de Tamaulipas por Alejandro Rojas Díaz Durán, la Unidad de Inteligencia Financiera y toda la información disponible por parte de los gobiernos de ambos países.
«No he encontrado ninguna evidencia que indique violación a alguna de las leyes de los Estados Unidos, como se le acusa. La mayoría de la información citada en las denuncias hechas por Nieto y Díaz Durán se basan en notas periodísticas que contienen rumores con base en reportes alterados del Departamento de Estado y FinCEN», señaló.
«Es increíble ver un caso que carece de evidencia directa o sustantiva que dé pie al inicio de una investigación en México, mucho menos en los Estados Unidos», apuntó.
También dijo que verificó personalmente en los tribunales de justicia en Texas, las cortes federales de EU, el Departamento de Justicia y otras agencias de investigación en dicho país y no encontró ningún procedimiento penal pendiente contra García Cabeza de Vaca.
El pasado 10 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Departamento de Justicia de EU remitió información sobre posibles irregularidades en las operaciones financieras realizadas por Cabeza de Vaca, sus hermanos y su suegro.
«Su intento por difamar la reputación de mi cliente, es meramente política», afirmó el abogado sobre la información difundida por la FGR.
«El asesor legal de mi cliente en México, solicitó acceso al expediente el cual le fue negado, incluso después de que la FGR lo filtrara a los medios de comunicación».
Aclaró que García Cabeza de Vaca no tiene cuentas bancarias en EU ni bienes inmuebles en ese país y que la evidencia que supuestamente recibió la FGR no existe mientras que acusó que la UIF está haciendo «mal uso y falsificando información con fines políticos».
