El Juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el embargo de bienes de la familia Jenkins para garantizar la devolución del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, valuado en 720 millones de dólares.
El embargo responde a una demanda presentada el pasado 12 de marzo por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.
En abril de 2014, la familia, constituida como patronato, firmó un contrato marco de donación registrado ante un notario de Jalisco, donde trasladó todos sus bienes y recursos financieros a la Fundación Bienestar de Filantropía, asentada en Aguascalientes, la cual después se movió a Barbados.
Finalmente, trasladaron los recursos a la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano en Panamá.
En su demanda, la Junta de Puebla señala que todo este procedimiento se hizo sin la autorización de este organismo y por ello solicitó, como medida precautoria, el embargo de los bienes y cuentas bancarias de los miembros de la familia Jenkins.
Guillermo Barradas, abogado de la Junta, explicó que con la decisión del juez se embargarían todas las cuentas que tenga la familia en el sistema financiero, así como inmuebles personales y a nombre de la Fundación.
De acuerdo con el documento, el embargo incluye a los hermanos Roberto, Margarita, María Elodia y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como a su madre Elodia Sofía de Landa de Jenkins.
Igualmente a Juan Guillermo Eustace Jenkins y a los abogados de la familia, Alejandro González Muñoz, Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández, quienes fueron los representantes legales en el procedimiento de donación.
Para el aseguramiento de bienes, el juez de la Ciudad de México pidió a través de un juez competente en materia civil de Puebla, que el Instituto registral y catastral de Puebla se abstenga de cualquier modificación para cambiar el registro de los inmuebles que fueron objeto de la donación de 2014, entre ellos, el campus de la Universidad de las Américas y el Club Alpha.
A esta última decisión legal, anteceden una serie de medidas.
En junio del 2020, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA) determinó que la Fundación Mary Street Jenkins debía pagar al SAT 629.3 millones de pesos por la operación realizada en 2014.
En marzo de este año, un juez del Estado de México emitió órdenes de aprehensión contra la familia.
Ese mismo mes, Virgilio Rincón Salas, uno de los abogados de la familia, dijo a REFORMA que los recursos de la Jenkins se sacaron del País porque el ex gobernador Rafael Moreno Valle -hoy fallecido- pretendía apoderarse del patrimonio.
