Por Pascal Beltrán del Río
Desesperados
Más de tres décadas de cubrir elecciones me han enseñado que cuando un partido se queja anticipadamente de fraude electoral, quiere decir que va a perder las votaciones.
El pasado fin de semana, Mario Delgado, el líder formal del partido del gobierno, afirmó que la oposición quiere hacerle fraude a Morena. “El PRIAN quiere ganar en la mesa lo que no puede ganar en las urnas”, declaró el colimense. “La mafia de la corrupción va a querer meterle mano a las elecciones”, agregó, acusando a los consejeros del INE de confabularse para ello con los opositores.
Más allá de teorías de la conspiración, no sería raro que Morena saliera raspado en los comicios del 6 de junio. Eso le pasa a muchísimos partidos gobernantes, pues el ejercicio del poder desgasta, más aun cuando no existe la capacidad de cumplir las expectativas con las que llegaron al gobierno.
En México, ese retroceso ha ocurrido casi cada elección intermedia de 1997 para acá. En aquel año, el PRI —que había dominado la política nacional de manera casi absoluta desde 1929— perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados. A reserva de conocer el desenlace del proceso electoral en curso, el declive de Morena en la preferencia de los votantes parece haberse acelerado a raíz del desplome del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, del que ayer se cumplieron tres semanas. Justo después de ese hecho se intensificaron en el discurso oficial los reclamos para las autoridades electorales, aludiendo a una supuesta “persecución” contra Morena, así como los señalamientos hacia los medios de comunicación, dizque por crear una mala imagen al gobierno federal.
El fin de semana se dio a conocer un manual para representantes de casilla del partido del gobierno, en el que se les instruye a contar de manera errónea y ventajosa los sufragios por los partidos de la coalición oficialista —un voto por cada marca que el elector haga en los emblemas de las fuerzas aliadas en una misma boleta— y se convoca a los simpatizantes de Morena a “visitar” a los funcionarios de las mesas directivas de casilla y a conformar un “equipo de vigilancia”, de 10 a 20 personas, que “cuide” los centros de votación.
Dichas actitudes nada democráticas niegan la historia de la izquierda mexicana, que a partir de los años 70 renunció al uso de la violencia para tomar el poder y apostó inequívocamente por la vía electoral. Costó trabajo a esa izquierda abjurar de los postulados revolucionarios leninistas y convertir a la democracia en su principal objetivo. En la consolidación de la vía electoral estuvieron presentes hombres como Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto Castillo y Gilberto Rincón Gallardo, cuya dedicación al sufragio efectivo y al principio de “un hombre, un voto” se ve mal representada por lo que hoy hacen sus desesperados descendientes políticos.
buscapiés
*Cinco días después de que se difundió que existe una orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ésta sigue sin ser vista públicamente. Lo mismo el mandatario estatal, quien ayer difundió imágenes de una reunión con su gabinete a puerta cerrada. En tanto, el abogado de García Cabeza de Vaca anunció que promoverá un amparo para saber si existe la orden de aprehensión. La batalla legal continuará en la SCJN, que analizará si admite una nueva controversia constitucional presentada por el Congreso tamaulipeco contra la actuación del juez que habría girado la orden de aprehensión, así como de la FGR, la cual presentó un recurso de reclamación contra la decisión del ministro González Alcántara Carrancá de reconocer el fuero del gobernador.
*El oficialismo se quedó con las ganas de declarar desaparecidos los poderes en Tamaulipas al no tener suficientes votos en la Comisión Permanente para convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Senado. La última vez que se utilizó esa figura legal fue en el lejano año de 1975, cuando el presidente Luis Echeverría recurrió a ella para vengarse del gobernador hidalguense Manuel Sánchez Vite, quien impuso a su sucesor, Otoniel Miranda Andrade, sin previa aprobación de su parte. Miranda sólo duró 28 días en el Palacio de Gobierno de Pachuca. Entre 1885 y 1975, la desaparición de poderes se aplicó en 49 ocasiones, cinco de ellas, precisamente, en Tamaulipas.
