CIUDAD DE MÉXICO.-Los jueces federales Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro ordenaron reinstaurar las medidas impuestas a Pemex a partir de 2014 para reducir su preponderancia y dar oportunidad de competencia a empresas privadas.
Morena y sus aliados en el Congreso habían intentado echar abajo esas medidas con una reforma publicada el pasado 19 de mayo.
Las suspensiones otorgadas por los jueces dejan sin efecto 49 acuerdos y resoluciones en materia de ventas y comercialización de petróleo, petrolíferos, gas natural y gas LP, contenidas en la Ley de Hidrocarburos (LHI), así como en el Acuerdo A/015/2021 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Aunque se trata de suspensiones provisionales con efectos generales, es previsible que los jueces concedan en los próximos días las suspensiones definitivas contra las reformas que buscan favorecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin cambiar la Constitución.
La reforma, ahora frenada, fue presentada por Morena antes de que cerrara el último periodo de sesiones del Congreso.
En su momento, el diputado Manuel Rodríguez alegó que la regulación asimétrica ya no era necesaria, por los muchos permisos que la CRE ha otorgado a empresas privadas en el sector de hidrocarburos.
Este argumento generó críticas inmediatas, pues el número de permisos, por sí mismo, no refleja el porcentaje real de participación de privados en el mercado ni la existencia de condiciones de verdadera competencia con Pemex.
En el amparo a la empresa Lambrucar, De la Peza explicó que negar la suspensión agravaría los efectos de expulsar del mercado los agentes económicos distintos a Pemex, mientras la petrolera aumenta su poder dominante en el mercado de ventas de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
También destacó que estos cambios «intempestivos» afectan la «confianza legítima» de inversionistas de largo plazo, que pensaron que las medidas asimétricas a Pemex se mantendrían el tiempo suficiente para equilibrar el mercado.
En tanto, Gómez Fierro explicó que la suspensión debía tener efectos generales, no solo en favor de la empresa quejosa Process Full, para evitar distorsiones en el mercado.
Previamente, el 4 de mayo, los jueces suspendieron una reforma que faculta al Gobierno para suspender permisos «cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional», y para entregar a Pemex el control de instalaciones de permisionarios suspendidos o intervenidos.
